10 Noviembre de 2020 10:01
El Congreso de Perú destituyó ayer al presidente Martín Vizcarra, el segundo mandatario al que depone en lo que va del presente período de gobierno y cuando faltan apenas cinco meses para que se celebren elecciones presidenciales.
Vizcarra fue removido anoche por una amplia mayoría de 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, según la radio RPP, menos de dos meses después de un proceso similar en el que sólo 32 legisladores se pronunciaron por la destitución. Dado que en este momento Perú no tiene vicepresidente, le corresponde asumir el Ejecutivo al presidente del Congreso, Manuel Merino, y convocar “de inmediato” a elecciones, según la Constitución, que sin embargo no precisa un plazo para ello.
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Merino convocó a los legisladores para jurar su nuevo cargo mañana, a las 10 (las 12 en la Argentina), según la agencia de noticias Andina. Vizcarra fue cesado por “incapacidad moral permanente”, que es una de las causas establecidas por la Constitución para que el Congreso destituya a un presidente.
La destitución fue un nuevo capítulo del inédito conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en lo que va del presente período de gobierno -iniciado el 28 de julio de 2016-, que ya se cobró la caída de dos presidentes tras cuatro mociones de vacancia (juicio político) y la disolución de un Congreso.
Los congresistas admitieron el lunes pasado la nueva moción de vacancia luego de que se denunciara que Vizcarra recibió 2,3 millones de nuevos soles (equivalentes a poco más de 630.000 dólares al cambio actual) a cambio de otorgar dos contratos de obras públicas cuando era gobernador del departamento sureño Moquegua.
Esa denuncia trascendió pocos días después de que Vizcarra saliera airoso de otra moción de vacancia, el 18 de septiembre pasado, cuando se revelaran unos audios en los que supuestamente pedía a unas funcionarias que mintieran ante una comisión parlamentaria que investigaba la contratación irregular de un cantante.
Al pronunciar esta mañana su alegato de defensa ante el pleno del parlamento, Vizcarra -que rechazó “enfática y categóricamente” las imputaciones y aseguró que no cobró “soborno alguno”- reconoció la tensa relación entre los dos poderes.
“Soy consciente de que la relación entre Ejecutivo y Legislativo, durante los últimos años, no ha sido la mejor, y en eso debemos hacer un mea culpa; quizás debimos agotar todas las vías del diálogo y construir más puentes entre nosotros, buscando salidas más consensuadas”, dijo, según la agencia de noticias Andina.
En el actual período, iniciado el 28 de julio de 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció en marzo de 2018 para evitar ser destituido en el segundo juicio político que le inició el Congreso en menos de tres meses, y fue sucedido por su hasta entonces vicepresidente Vizcarra.
Asimismo, en septiembre de 2019 Vizcarra disolvió el Congreso en uso de la facultad que la Constitución le confiere para hacerlo si el parlamento le deniega la confianza a un gabinete por segunda vez dentro de un mismo período, y en enero pasado se celebraron comicios para elegir la actual composición del Legislativo.
No obstante, pese a su contrición por la mala relación con el Congreso, el todavía presidente atizó la tensión al recordar decenas de denuncias de supuesta corrupción que involucran a legisladores, y sugirió que la moción de vacancia podría tener el objeto de “ocultar delitos” propios.
“Estamos totalmente de acuerdo con la labor de fiscalización que debe realizar el Congreso, pero no con que se utilice esta facultad para ocultar delitos; todos, en algún momento, podríamos ser objeto de acusaciones; por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tiene procesos en investigación en el Ministerio Público”, afirmó.
A continuación se preguntó si los congresistas “tendrían también que dejar sus cargos por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida”, y rechazó el uso de la facultad del juicio político al mandatario “para tipificar algunas cosas como delitos y otras se mantengan en un limbo de investigación”.
En septiembre pasado, solo 32 legisladores votaron por la vacancia -muy lejos de los 87 necesarios para destituir a Vizcarra y aun de los 65 con que la moción había sido admitida para su debate-, mientras 78 la rechazaron y 15 se abstuvieron.
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Desde que fueran admitidos en la Constitución en la reforma de 1993, es la quinta vez que se pone en marcha un proceso de vacancia contra un presidente. El único fuera del actual período de gobierno se produjo en 2010 y derivó en la destitución de Alberto Fujimori, quien días antes había renunciado al cargo desde Japón.
