El rey de España Felipe VI renunció a la herencia económica que recibiría a la muerte de su padre Juan Carlos I, y le quitó la asignación monetaria de casi 200 mil euros por año que tiene fijada en el presupuesto de la Casa del Rey. 

El monarca, así, intenta enfrentar tanto las acusaciones contra su padre por donarle millones de euros a dos de sus amantes, como la sospecha de que él mismo también estaría envuelto en un caso de corrupción: una fundación offshore con la que tendría vínculos está siendo investigada por Fiscalía Anticorrupción por un supuesto pago de 100 millones de dólares del gobierno de Arabia Saudita. 

¿Sobornos?

De acuerdo a las sospechas, ese pago estaría relacionado con el contrato que los sauditas otorgaron a un consorcio español en 2011 para la construcción un tren de alta velocidad entre las ciudades de La Meca y Medina.

En el comunicado de la Casa del Rey, se indica que Felipe VI se enteró a través de sus abogados en marzo de 2019 "de su supuesta designación como beneficiario" de la fundación cuestionada. Según él, le pidió a su padre que dejara sin efecto tal designación porque "no aceptaría participación o beneficio alguno en esa entidad".

Además, expresa que prescindirá de "cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona".

Más allá de la renuncia a la herencia, lo cierto es que muchos lo señalan como un acto sin contenido real, ya que según el Código Civil español toda renuncia a futuro de una herencia es nula, ya que no se la puede repudiar "sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar".