11 Abril de 2016 19:47
La comisión especial de la Cámara de Diputados de Brasil votó a favor de seguir adelante con el proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por incumplimientos a la Ley de Responsabilidad Fiscal en los presupuestos de 2014 y 2015.
La comisión -que tiene 65 diputados- aprobó por 38 votos, cinco más de los necesarios, el dictamen del diputado Jovair Arantes, aliado del titular de la cámara, Eduardo Cunha, quien recomendó someter a Rousseff a juicio político.
En contra votaron 27 funcionarios y no hubo abstenciones, por lo que el caso pasará a la Cámara de Representantes, donde se necesitan 342 votos en los 513 parlamentarios para aprobar la admisibilidad y remitir el caso al Senado, según explicó O Globo.
La comisión aprobó la medida con cinco votos más de los necesarios. (Foto: Agencia O Globo).
El Procurador General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, evaluó la posibilidad de acudir a los tribunales para impugnar el proceso de juicio político. El funcionario sostuvo que el proceso “tiene varias deficiencias, tales como la restricción del derecho de defensa de Dilma”.
“Esta es una decisión que tiene que ser evaluada en cada paso, en cada momento. Es perfectamente posible discutir esta cuestión en el poder judicial. Sin embargo, es una decisión que ha de tomarse en el momento adecuado”, dijo Cardozo en conferencia de prensa antes de la votación especial de la comisión.
Diputados votaron a favor de seguir adelante el proceso de juicio político. (Foto: Agencia O Globo).
Por otra parte, el diputado Mendonça Filho aseguró que el duro presente económico que vive Brasil es producto de la “pésima gestión” de Dilma Rousseff.
"Hay una inflación de dos dígitos, las empresas que se rompen y la mayor recesión de la historia económica. Este es el resultado de fraude fiscal y los crímenes cometidos por la presidenta, Dilma Rousseff”, dijo Mendonça.
La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, advirtió: “No voy a renunciar”.
Rousseff enfrenta acusaciones por “haber alterado las cuentas públicas o los balances fiscales” para maquillar los balances y el presupuesto públicos de 2014 y 2015. Sin embargo, el actual gobierno de Brasil expresó que esto no representa una base legal para iniciar el proceso que podría terminar con la destitución de la presidenta.
