Desde que arrancó la pandemia en todo el mundo a causa de la aparición del COVID-19 y sus posteriores variantes, las estafas y los engaños relacionados con esta enfermedad comenzaron a multiplicarse. Existen aquellos que cobran por la ayuda de registrarse o por la aplicación de la vacuna contra el coronavirus cuando en realidad todo es gratuito, también están los "vivos" que ofrecen un producto que afirma ser capaz de "tratar, prevenir o curar por completo el virus" o que te piden información personal o dinero para obtener un certificado o pasaporte nacional de vacunas, lo que está catalogado como una estafa.
Teniendo esto en cuenta, la Policía Nacional española detuvo en las últimas horas en Madrid y Barcelona una banda integrada por siete personas, entre ellas una argentina de 38 años, acusados de formar parte de una red que falsificaba y vendía pasaportes COVID y PCR a famosos y delincuentes, como narcotraficantes. Por ahora, las autoridades ya están investigado a 1.600 personas que recurrieron a estos "servicios", entre ellas el cantante español Omar Montes.
La organización fue desarticulada por la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Madrid luego de una larga investigación. Los detenidos son siete y están acusados de falsificar pasaportes COVID y PCR. Si bien la organización criminal estaba asentada en Francia, la Policía española logró identificarlos con nombres, apellidos y números de cuentas bancarias. Esa información fue dirigida a las autoridades galas para que concreten su detención.
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Entre los detenidos y acusados de formar parte de esto hay cinco hombres y dos mujeres, una de ellas es argentina de 38 años -cuya identidad y rol no fueron informados- y la otra española, de 30. A esta última también se le imputan los delitos de "revelación de secretos" y "acceso ilegal a base de datos", ya que era la encargada de introducir en el registro oficial a quienes requerían las certificaciones falsas gracias a su rol de enfermera.
Los detenidos restantes son españoles, de 59, 51, 46, 37 y 31 años. El de 37 años tiene 18 antecedentes; entre ellos, uno por un homicidio. La investigación sobre esta red comenzó a principios de enero cuando los agentes detectaron anuncios que ofrecían tanto pruebas PCR falsas como pasaportes COVID falsificados en grupos de carácter negacionista o antivacunas en Telegram.
La banda tenía dos grupos de clientes bien diferenciados: los delincuentes y los famosos. El primero estaba formado por narcotraficantes a los que se les ofrecía inscribirlos en el Registro Nacional de Vacunados como personas que habían recibido dos o tres dosis a cambio de unos 250 euros. Las autoridades calculan que el precio está directamente relacionado a la amistad que el líder de la organización mantenía con estos criminales.
Entre los delincuentes que accedieron a este "beneficio" fueron identificados A. M. C., conocida como la reina de la cocaína en España, y S. R. G., conocido como Moli, acusado de utilizar vehículos para chocarlos contra la fachada de un negocio con fines de robo y que cumplió condena por homicidio imprudente al atropellar a una persona cuando intentaba cometer este tipo de delitos.
El segundo grupo de clientes estaba formado por gente "famosa o conocida" y gente norma que podía acceder a este "negocio". El cantante Omar Montes, reconocido antivacunas, es uno de los acusados de comprar pasaportes COVID y PCR truchos y realizó un contundente descargo en las redes sociales: "No puedo controlar todo lo que se pueda decir de mí, pero sí puedo demostrar cuando sea necesario todas estas falsedades. Una mentira más”.
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A este segundo grupo se les cobraban entre 600 y 1.000 euros por inscribirlos en el Registro Nacional de Vacunados. Para llevar a cabo este fin, desde la organización captaban a profesionales de la salud para que con sus claves inscribieran a los clientes a cambio de dinero, aunque los investigadores aclararon que en la mayoría de los casos lo hicieron con unas claves robadas a una enfermera sin que ella lo supiera.
La organización cobraba además 50 euros por cada certificado de pruebas PCR negativas y hasta 1.000 euros a cambio de pases sanitarios en los que constaran dos o tres dosis de vacunación. En la mayoría de los casos, los integrantes de la organización exigían el pago en criptomonedas, a través de cuentas que habían abierto otros países para hacer más complicado el rastreo por parte de las autoridades.