El primer ministro británico Boris Johnson le solicitó a la reina Elizabeth II la orden de suspender la actividad del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, y la monarca accedió. El pedido apunta a quitarle tiempo a la oposición para frenar la posibilidad de que los parlamentarios le impidan salir sin acuerdo de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, en el proceso conocido coloquialmente como "Brexit".

Suspensión de vacaciones

John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, calificó a la decisión como "un escándalo constitucional" y reprochó lo obvio de la maniobra. "Lo vistan como lo vistan, es obvio que su propósito es impedir que el Parlamento debata sobre el Brexit y cumpla con sus obligaciones", señaló.

Según el reglamento parlamentario británico, el primer ministro tiene como prerrogativa la iniciativa tanto de finalizar el período de sesiones como de prorrogar unos días el inicio del siguiente. Así, este año los parlamentarios tenían previsto regresar de sus vacaciones el 3 de septiembre para encarar un segundo descanso de dos a tres semanas entre finales de septiembre y principios de octubre. Ahora, este receso será suspendido. 

Escándalo

Johnson argumentó su decisión aduciendo que su recientemente asumido Gobierno necesitaba un comienzo fresco. "Los diputados tendrán un amplio margen de tiempo para poder debatir sobre el Brexit antes del crucial Consejo Europeo del 17 de octubre", aseguró.

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Sin embargo, todo el arco opositor criticó duramente la maniobra. "Estoy escandalizado con la temeridad del gobierno de Johnson, que no deja de hablar de soberanía y se dispone a suspender el Parlamento para evitar el escrutinio de su plan de un Brexit sin acuerdo", señaló Jeremy Corbyn, lider del partido laborista. 

Así, junto con el resto de los partidos de la oposición (liberaldemócratas, nacionalistas escoceses, verdes e independientes), Corbyn inició una serie de diálogos para intentar acodar una vía parlamentaria que impida una salida no pactada de la Unión Europea, la cual derivaría en graves problemas económicos para el Reino Unido. 

Antidemocrático

"Sería un escándalo constitucional que se impidiera al Parlamento ejercer su función de control al Gobierno en un tiempo de crisis nacional como el actual. Es profundamente antidemocrático", escribió por su parte el ex ministro de Economía Phillip Hammond.