04 Septiembre de 2023 15:02
Mina San José, Copiapó, Chile. El 5 de agosto de 2010, el mundo entero conoció ese lugar. En aquella jornada, una roca gigante, del tamaño de un edificio, se desprendió y tapó la entrada de la mina. Desde ese momento, 33 minero debieron sobrevivir bajo tierra con pocos alimentos, casi nada de agua y aún menos oxígeno a 720 metros de profundidad. Pero el milagro, o mejor dicho, la ciencia ocurrió. El 13 de octubre fueron rescatados, uno por uno, en la cápsula Fénix.
Su historia recorrió el mundo, se hizo película y más tarde, libros. Cada uno de los mineros cambió su rumbo de vida. Pero la mayoría de ellos siguió unidos y luchando por algo en común: la indemnización. Había quedado en claro que el Estado tenía responsabilidad por la falta de mantenimiento del lugar y debía hacerse cargo. Pero el litigio se volvió eterno.
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31 de los 33 mineros habían reclamado hubo “una falta de servicio de las instituciones estatales a cargo de la fiscalización de los yacimientos del país, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Secretaría Regional ministerial de Salud y la Dirección del Trabajo”. Y la Corte Suprema de Chile les dio la razón. Ahora, cada uno de los mineros cobraran del Estado cerca de 48 mil dólares. Si se tienen en cuenta que pasaron 69 días bajo tierra, en condiciones deplorables y algunos sufren enfermedades por ese trauma, parece un chiste de mal gusto.
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Lo cierto es que la acción legal que fue llevada a cabo por 31 mineros apuntaba que los entes del Estado que tenían que tenían el deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de propiedad de la empresa minera San Esteban Primera, no hicieron nada. En la resolución de la Corte, se lee: “Es posible sostener que el Estado de Chile incurrió en falta de servicio, por cuanto uno de sus órganos incumplió la obligación legal antes identificada, permitiendo el desarrollo de la actividad minera en que se desencadenaron los acontecimientos materia de autos, pues, de haber cumplido el Sernageomin su rol precautorio y de fiscalización, la explotación de la mina San José -o su reanudación- jamás habría sido autorizada”.
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Más allá de todo, varios mineros creían que nunca les pagarían esa indemnización. “Esto ya se lo había dado a dios nomás”, afirmó Omar Reygadas, uno de los hombres que había quedado atrapado en la mina. Otro de ellos, Johnny Barrios, quien sufre silicosis por su trabajo en la minería, dijo ese dinero estará destinado a una camioneta nueva y a proyectos de su familia.
Por su parte, el autor del libro Estamos bien en el refugio los 33, José Ojeda, el mismo que escribió aquella recordada nota 12 días después de estar bajo tierra, afirmó indignado: “En 2018 nos iban a pagar 80 millones de pesos (93 mil dólares) y los abogados (del CDE) apelaron al fallo de primera instancia y ahí nos bajaron. Acá no se hizo justicia, se hizo solamente para cerrar el caso”. También reveló que sufre diabetes, problemas cardíacos y Alzheimer.
