14 Junio de 2022 17:34
En 2020, el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteño (CUCIBA) denunció a RE/MAX de ejercer “una actividad ilícita” ante la Inspección General de Justicia (IGJ) quien, mediante la resolución N° 350, estableció que debía iniciarse un juicio para disolver RE/MAX Argentina SRL. La empresa apeló ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y esta ordenó, a fines de mayo, dejar sin efecto la resolución. Ahora la empresa de servicios inmobiliarios demandará al CUCICBA por daños y perjuicios. También cabe preguntarse qué pasará con los Colegios bonaerenses y los Municipios que dictaron ordenanzas prohibiendo a quienes trabajan con la franquicia.
En su fallo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial cuestionó y dejó sin efecto por “arbitraria e infundada” la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que ordenaba la disolución de la empresa RE/MAX Argentina SRL.En tal sentido, la Cámara indicó que la IGJ actuó excediéndose en sus facultades, superando sus capacidades y alcances como organismo de contralor.
CUCICBA había iniciado la causa judicial contra RE/MAX acusándola de no cumplir con presuntos requisitos para desarrollar actividades en el rubro bienes raíces. Al respecto, desde RE/MAX alertaron que el objetivo del CUCICBA era "frenar el avance comercial que tiene la red y eliminar a un competidor del mercado". Desde la empresa destacan que el Colegio porteño “no presentó ninguna prueba y simplemente se limitó a realizar un relato de afirmaciones sin ningún tipo de sustento probatorio".
Daños y perjuicios
Al respecto, RE/MAX confirmaron que realizarán acciones judiciales por daños y perjuicios contra el CUCICBA “porque la resolución generó gran perjuicio en la empresa y a las inmobiliarias que contratan el servicio". En principio, el equipo de abogados de RE/MAX apunta contra CUCICBA, aunque es de esperar que las acciones judiciales se amplíen en más direcciones.
En tal sentido, fuentes de la Cámara de Empresas Inmobiliarias (CAMESI) indican que si bien fue el Colegio porteño quien dio el puntapié inicial para perseguir a la empresa, luego se sumaron el Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires y los 20 Colegios Distritales bonaerenses quienes, apoyados en la resolución -ahora desestimada por la Justicia- de la IGJ impulsaron ordenanzas municipales contra RE/MAX con el objetivo de eliminarlos como competencia.
CAMESI, ante esta situación generada por los Colegios en los municipios, explicaron por qué consideraban que la aprobación de dichas ordenanzas era “equivocada e inconstitucional, ya que es contraria a las leyes nacionales vigentes. Sin perjuicio de eso, pesaron más las mezquindades de las empresas inmobiliarias tradicionales, que pretendían cerrar el mercado; impidiendo que aparezcan empresas que presten servicios inmobiliarios de manera innovadora, tecnológica y con un salto de calidad en el servicio que brinda el sector”.
A pesar de estos argumentos, en su momento, las presiones a los municipios, intendentes y concejos deliberantes dieron sus frutos: unos 30 municipios bonaerenses votaron normativas en ese sentido, contradiciendo leyes de mayor jerarquía y lesionando el derecho a trabajar de martilleros; pero también dañando la reputación de la marca que provee de servicios complementarios a inmobiliarias. “En este punto RE/MAX deberá evaluar qué responsabilidad les cabe a los municipios al haber lesionado la imagen de la marca y el derecho a ejercer una actividad lícita, además del perjuicio que ya implica prohibir y perseguir actividades productivas que apuestan al desarrollo dentro de sus comunidades”, advierten desde CAMESI.
