La Justicia realizó allanamientos en centros médicos, escribanías y estudios jurídicos tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe, en busca de documentación relacionada con 49 casos sospechosos de intermediación ilegal de recién nacidos por subrogación de vientre. El foco de la investigación son mujeres de nacionalidad argentina en situación de vulnerabilidad que habrían sido explotadas para entregar a sus hijos a ciudadanos extranjeros.
La investigación se inició en enero tras una denuncia de la Cancillería, que recibió una alerta desde Alemania cuando una mujer de 58 años llegó a un hospital con un bebé argentino de tres meses en muy mal estado de salud. A partir de ese incidente, los tribunales federales de Retiro comenzaron a investigar un negocio ilícito transnacional dedicado a la explotación de mujeres gestantes mediante la subrogación de vientres y la posterior comercialización de los bebés nacidos por este método.
Las sospechas recaen sobre individuos y empresas extranjeras con actividades en Argentina que publicitaban sus servicios de subrogación a través de diversas plataformas internacionales. Estos "servicios", conocidos como "Programa Argentina", tenían un costo aproximado de 50.000 dólares. El paquete ofrecido incluía la selección de la madre gestante, la adquisición de embriones, el tratamiento médico, los controles regulares del embarazo y el parto.
Las mujeres seleccionadas para gestar los bebés eran contactadas a través de redes sociales y se aprovechaba su situación de vulnerabilidad ofreciéndoles 10.000 dólares por participar, con un extra de 2.000 dólares si el parto se realizaba por cesárea. Sin embargo, el acuerdo no garantizaba el pago completo en caso de que el embarazo se interrumpiera. En esas situaciones, las empresas implicadas solo cubrían gastos mínimos mensuales.
Además, las gestantes tenían la obligación de someterse a todos los intentos necesarios hasta lograr el embarazo y realizar los controles requeridos. El proceso también incluyó la inscripción del recién nacido y su posterior entrega a los clientes extranjeros. " Si por cualquier circunstancia el embarazo resultare interrumpido, las empresas involucradas se negaban a devengar pagos, excepto los montos que se hubieran abonado por gastos mínimos mensuales", explicaron las fuentes del caso.
Entre los involucrados en este esquema se encuentran agencias que seleccionaban a las gestantes, agencias que contactaban a los clientes, clínicas de fertilidad y escribanos. La fiscalía señaló que este caso podría ser un ejemplo de "turismo reproductivo" y que la compra-venta de seres humanos está expresamente prohibida por la Constitución argentina, que en su artículo 15 considera como crimen todo contrato de compra-venta de personas, incluyendo a los funcionarios que lo autoricen.
De acuerdo con la investigación, lo 10.000 dólares incluían la obligación para las mujeres de realizar todos los intentos necesarios hasta lograr el embarazo, los controles y la inscripción del niño y entrega posterior. El caso que dio origen a la investigación involucra a un bebé encontrado en Alemania. La Justicia de ese país determinó que la mujer que lo llevó al hospital no estaba en condiciones de cuidarlo, por lo que se le fue retirada su custodia y entregado a una familia sustituta.
La investigación reveló que el nacimiento del bebé fue registrado en el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires y que la fertilización se realizó en una clínica privada porteña. Además, se identificó a la madre gestante. "La compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional", advirtió la fiscalía. De esta manera, se investiga lo que considera una "mecánica empresarial ilícita" a nivel nacional e internacional, destinada a realizar tratamientos de subrogación de vientre en Argentina.
De un total de 147 casos de gestación por sustitución registrados entre 2018 y abril de 2024, se detectó que al menos 49 presentaban características similares al caso que inició la investigación. En todos ellos, los comitentes eran personas extranjeras de distintas nacionalidades. En ninguno de estos casos intervinieron jueces civiles para autorizar los procedimientos ni para establecer la filiación de los bebés, y los consentimientos se registraron exclusivamente a través de escribanos o notarios.
Al mismo tiempo, resaltaron que estas declaraciones resultaron ser, en parte o totalmente, falsas. "En ninguno de estos intervinieron jueces civiles para autorizar el procedimiento ni tampoco para establecer la filiación sino exclusivamente escribanos o notarios que recabaron supuestos consentimientos contractuales en base a afirmaciones que se pudo establecer que son en todo o en parte falsas", advirtieron las autoridades que llevan adelante la investigación.
De acuerdo a la información brindada por la agencia Noticias Argentinas, en los operativos pedidos por la fiscal federal Alejandra Mángano y ordenados por la jueza federal María Eugenia Capuchetti se secuestró documentación y actas notariales donde se habrían hecho constar supuestos consentimientos de las madres