La maquinaria de la Justicia se puso en marcha a partir de un rumor surgido en un programa de chimentos de la televisión que daba cuenta de un supuesto intento de homicidio del valijero Leonardo Fariña alojado en el complejo federal de Ezeiza que depende del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
A raíz de ese rumor -divulgado por el periodista Jorge Boimvaser en el programa Infama- el juez Germán Andrés Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N°2 de La Plata, ordenó que se averiguará si efectivamente se había producido un intento de homicidio y que medidas se habían tomado.
Personal del juzgado se comunicó entonces con la División Judicial del complejo de Ezeiza y allí le informaron que Fariña había firmado un acta en la cual aseguraba: “me encuentro en perfectas condiciones de salud”, una desmentida de su puño y letra al rumor surgido en la televisión.
El juez también ordenó que se indagara en el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde indicaron que no había ninguna denuncia realizada por Fariña, ni tampoco la presentación de hábeas corpus a cargo de sus abogados.
De todos modos, el juez pidió al director nacional del SPF que informe si puso en marcha un sumario para investigar el rumor televisivo. Además, ordenó que “se sirva tomar todos los recaudos necesarios a fin de analizar las condiciones de alojamiento del nombrado en cuanto a su seguridad”.
La abogado de Fariña, Giselle Robles, dijo a los medios que el supuesto homicida fue identificado como Marcelino Coronel Albertengo. También había dichó que se se inició en los Tribunales Federales de Lomas de Zamora una causa por intento de homicidio.
Pero ese dato fue desmentida por el juez Castelli, según se informó en el Centro de Información Judicial. "Un hombre de 37 años ya condenado" ingresó al penal "con la orden de ejecutarlo", aunque no llegó a lastimarlo, sostuvo Robles, algo que no fue corroborado por el juez Castelli.
Pese a la desmentida judicial, Boimvaser siguió hoy con la trama en Infama y aseguró que el supuesto intento de homicidio había sido consecuencia de la decisión de Fariña de querer ser uno de los primeros arrepentidos en sumarse a la ley que el Gobierno impulsará a partir de marzo, cuando comience a funcionar el Congreso. El periodista aseguró que Fariña no tenía una computadora escondida “en algún lugar” con la cual podría probar maniobras de lavado de dinero de la corrupción.