20 Abril de 2022 16:17
Tal y como ocurrió en marzo de este año en la localidad platense de Ángel Etcheverry, cuando la Policía Bonaerense rescató a 16 personas víctimas de "explotación laboral y reducción a la servidumbre", Agentes del Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina rescataron a 14 hombres que eran explotados y sometidos a trabajo esclavo en un predio donde funciona la ladrillera, situado sobre la Ruta Nº6 y acceso Zabala.
Si bien este último caso también estuvo a cargo de la Justicia bonaerense, en esta oportunidad se declaró incompetente y la causa pasó a manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella. Tras una ardua investigación, lograron detectar que los hombres que trabajan también vivían ahí en "condiciones precarias, insalubres y de extrema vulnerabilidad”.
Junto a ellos también estaban sus familias, entre ellos niños y bebés recién nacidos: el propietario no solo los explotaba, sino que les cobraba el alquiler de viviendas inhabitables, ya que ni siquiera contaban con servicio de agua corriente, cloacas, luz ni gas. Además, los hombres -siete argentinos, seis de origen boliviano y uno nacido en Paraguay- eran sometidos a extensas jornadas laborales con salarios por debajo de la mitad del sueldo de mercado para esa actividad.
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De acuerdo con las autoridades, en el predio junto a los hombres también vivían tres mujeres mayores de edad de nacionalidad boliviana y dos bebés con tan solo meses de edad. de meses. A su vez, el lugar estaba habitado de otros cuatro menores que al momento del operativo se encontraban en la escuela. Los trabajadores tenían “ropa no acorde para tal actividad y varios de ellos se encuentran trabajando en negro”.
El empresario, de 65 años y que todavía no pudo ser localizado por las autoridades a pesar del allanamiento que realizó la PFA en su quinta ubicada en la calle Avenida Soldado Argentino, de la localidad bonaerense de Marcos Paz, tenía algunas personas contratadas legalmente, pero con recibos de sueldo por valores que no corresponderían a la realidad, y el resto estaba en negro. Además, tres de los extranjeros explotados se encontraban en situación irregular en el país.
Durante el operativo, las autoridades no solo rescataron a las familias sino que además secuestraron una pistola semi automática calibre .22, marca Bersa, con su correspondiente cargador y 11 municiones; dos escopetas, una calibre 16, doble cañón y cartuchos marca orbe y otra del mismo calibre pero sin numeración, y una carabina de repetición, calibre 22 largo, marca Mahely- Mini Max, con el cargador colocado con 9 municiones.
Al mismo tiempo fueron incautadas documentación y dinero en efectivo: 29.200 dólares, 6.500 euros, 58.940 pesos y nueve cheques por varios importes. “Se aseguraba tenerlos ahí para hacerlos trabajar a gusto y piacere. No poseían los equipos necesarios para realizar el trabajo, por lo que obviamente su salud se veía afectada. Obviamente evadió aportes sociales. El empleador minimiza el gasto y maximiza las ganancias”, explicaron.
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Un hecho similar ocurrió en marzo, cuando la Policía Bonaerense rescató a 16 personas, entre ellas siete niños de entre 9 y 11 años, en una quinta de cultivos de vegetales de la localidad platense de Ángel Etcheverry a cargo de Cimar Muñoz Tarifa, un hombre de 33 años nacido en Bolivia, que fue detenido durante el allanamiento que se realizó en el lugar. Al igual que el acusado, todas las víctimas eran de nacionalidad boliviana, eran sometidas a condiciones infrahumanas.
Tarifa explotaba laboralmente nueve personas mayores de edad y siete niños en el predio de cuatro hectáreas y media de superficie registrado a su nombre en el rubro de agricultura familiar de la AFIP desde 2017. El dueño los mantenía viviendo dentro del predio, en varias casillas de madera y nylon, y en una construcción de mampostería antigua semi derruida, que se encontraba instalada en el interior del establecimiento.
Las condiciones de higiene y salubridad “eran pésimas”, resaltaron fuentes consultadas. De acuerdo con las mismas, Tarifa los obligaba a trabajar en situaciones riesgosas y los exponía a vivir con instalaciones eléctricas precarias. Tampoco les proveía elementos de seguridad, la ropa de trabajo adecuados o artículos de limpieza e higiene. Las personas rescatadas están bajo el cuidado del personal del Programa de Acompañamiento a Víctimas de Trata y Dirección de Niñez.
Los menores eran forzados a trabajar en el cultivo de vegetales y en el arado de surcos bajo las peores condiciones posibles: eran sometidos a maltratos físicos y psicológicos, y fueron privados de una escolarización adecuada. De hecho, sostienen que Tarifa no les proveía a sus empleados agua potable y los obligaba a hidratarse de una perforación que estaba expuesta a la contaminación de los diferentes agroquímicos del predio.
Con respecto a su higiene, los trabajadores solo tenían acceso a instalaciones "sanitarias" con letrinas construidas con troncos y dormían junto a los animales domésticos en pisos de tierra e infectadas con cuevas de ratas y otros roedores. El allanamiento y la posterior detención de Tarifa fue ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de Pablo Raele.
