Cambio de look, celda común y abuso de menores: cómo pasa sus días en prisión Guazzora

Los 67 días que pasaron desde que la Justicia comenzó a buscar al periodista Ezequiel Guazzora, acusado de abuso de menores, quedaron atrás el último sábado, cuando fue hallado por la Policía Federal Argentina (PFA) en un domicilio de Merlo. Ahora el detenido deberá responder por la acusación en su contra, la de haber accedido carnalmente a una adolescente de 16 años, con el beneplácito de la madre de la criatura y un pago por los servicios.

El detenido durmió en una celda común conocida como "leonera" de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, de la calle Madariaga en el barrio porteño de Lugano, y allí estuvo hasta este lunes temprano, cuando fue trasladado al Juzgado N°54  de la calle Lavalle, en donde fue indagado por el juez Santiago Bignone, por el delito no excarcelable de "abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores" por el que está procesado.

A Guazzora lo buscan desde que se dictó su captura el 15 de agosto. En el medio soltaron una recompensa de cuatro millones de pesos para quien brindase información fehaciente respecto al paradero del pedófilo. Mientras tanto, la madre de la menor también está procesada por los hechos.

Este suculento monto de dinero se supo que tuvo que ver con la detención, ya que más allá de los entrecruzamientos que hicieron los investigadores, las triangulaciones satelitales, geolocalizaciones y demás, hubo un llamado al 134 de un "testigo clave" que dinamizó la captura. Esta revelación cubre de sospechas a la persona que lo hospedó en la calle Carlos Tejedor, la cual salió indemne del proceso judicial y no fue acusado formalmente de ningún delito tras proteger al detenido.

El cambio de look también fue parte del plan de mantenerse prófugo de la Justicia, a partir de la dura acusación en su contra. El detenido se había cortado todos los pelos de su rostro y cráneo, había subido notablemente de peso, y había dejado de lado la gorra que tanto lo había caracterizado en los tiempos donde era una figura pública del periodismo peronista.

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Su militancia siempre estuvo presente y hasta fue precandidato en Principios y Valores, la organización política que conduce Guillermo Moreno. Con este perfil fue que, al ingresar los efectivos de la PFA al domicilio donde se refugiaba, según lo que reportaron lo notaron con mucho miedo. Allí llegó a lanzar la frase: "soy un perseguido político", una provocación en el marco de las acusaciones comprobadas en su contra.

Según la investigación, Guazzora "habría pactado un precio con la madre de una menor para que le permita acceder carnalmente a ésta contra su voluntad en su domicilio; a tal fin, la joven habría concurrido a su vivienda con su progenitora, donde habrían colocado alguna sustancia en su bebida que la dejó adormilada, y así perpetrado el abuso mientras la madre consumía los estupefacientes que le habría provisto el encausado".

Esta postura avaló las denuncia original que hizo la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina), acerca de que la menor había sido drogada para que no haya dificultades para violarla. Con el agravante moral de dominar a su madre con más droga, como parte del pago por el "favor" que le estaba haciendo. Toda esta maniobra no pudo impedir que la joven abusada reconozca muchos detalles del domicilio donde vivía el periodista, el cual fue abandonado cuando pasó a la clandestinidad. Así lo pudo contar en la causa.

Mientras Guazzora estaba prófugo, el perfil de él como detenido era uno. Provocador, se negaba a entregarse hasta que no le garantizarán su exención de prisión y aceptarán al abogado Adrián Albor como su defensor oficial. "Corren el riesgo de que me mantenga en esta situación durante todo el plazo de prescripción", había escrito en una carta dirigida a los jueces Pablo Jantus y Gustavo Bruzzone de la Cámara de Casación.

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Ambos magistrados fueron clarísimos con el ahora detenido y dejaron bien expresada su negativa a la exención de prisión solicitada. Al mismo tiempo, no aceptaron la incorporación del letrado hasta que el mismísimo Guazzora no se presente y se preste a derecho. "Resulta en una actuación inaceptable para quienes se mantienen al margen de la autoridad de los magistrados", escribieron los jueces.

Por otro lado, y en el marco del actual proceso, Jantus y Bruzzone afirmaron que tras su detención iban a hacer efectiva una condena que tenía en 2013, por cuatro hechos de coacción que había tenido con su ex pareja, la ex diputada Stella Maris Córdoba. Esta era de septiembre de 2022, y la habían ejecutado los magistrados Mariano Hernán Borinsky, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa de la Sala III.

"Tal era la desesperación de Guazzora por mantener los privilegios que para él representaban las concesiones obtenidas gracias a su relación con la legisladora, que no dudó en amenazarla con contar todo lo sucedido al 'Grupo Clarín' -medio comunicacional paradójicamente tan denostado por él públicamente-, llegando incluso a enviar -con inusitado despecho- correos electrónicos a funcionarios del más alto rango para perjudicar la carrera política de su ex pareja, objetivo que finalmente logró, pues la nombrada jamás volvió a ser incluida en una lista de candidatos", asegura la causa que le realizó su ex pareja.