El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín condenó a prisión perpetua a Carlos Casalz, Hugo Cabañas y Marcelo Escobedo, acusados del femicidio de Araceli Fulles, quien en 2017 fue hallada asesinada y con signos de haber sido asfixiada debajo de escombros en una casa de José León Suárez. La resolución de la última audiencia del debate se llevó a cabo en los tribunales situados en la avenida Ricardo Balbín 1753.
Allí, Mónica Ferreyra, madre de Araceli, se había mostrado optimista al manifestar: “Esperamos la perpetua. Aguardamos el resultado con mucha ansiedad. Ojalá ellos tengan su merecido. Luego de estos 4 años y 7 meses de lucha esperamos que sea algo positivo que nos permita seguir”. En los alegatos, la fiscal Mariana Piwarczuk y el abogado Diego Szpigiel, pidieron la pena de prisión perpetua solo para tres de los ocho acusados: Casalz, Cabañas y Escobedo.
El resto, Hernán Rodrigo Badaracco, Carlos Antonio Ibarra, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos, no fueron acusaron y resultaron absueltos. Otro de los sospechosos, Darío Badaracco, había sido detenido por el hecho pero fue asesinado por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica el 13 de abril de 2019: permaneció internado cinco días en un hospital de la ciudad de Olavarrí tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente.
El abogado de la familia Araceli Fulles sostuvo que desistió "de la acusación de estas cinco personas ya que no había elementos probatorios para considerar que se dirigieron hacia el corralón donde tuvo lugar el crimen”. A su vez, había calificado como "contundentes" las pruebas contra Casalz, Escobedo y Cabañas. “Casalz era el dueño del corralón donde el perro marcó la presencia del cuerpo de Araceli y era la única persona que tenía la llave que permitía dar acceso al lugar", dijo.
Y agregó: "A Cabañas se lo ve a las 7 de la mañana dirigirse hacia el corralón mediante las filmaciones de cámaras de seguridad. Y, por último, se probó que Escobedo no estuvo en su casa y utilizó su coche para ocultar el cuerpo de Araceli”. El debate, en el que se juzgó a los ocho hombres por el delito de "homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas", se extendió por 53 días.
A lo largo de estas jornadas, declararon casi 300 testigos en 14 audiencias en las que se intentó reconstruir minuciosamente el recorrido de Araceli y de los imputados durante la noche del hecho. En principio, todos los acusados llegaron libres al debate oral, pero a raíz de una serie de amenazas hacia familiares de Araceli y testigos, dos de ellos fueron detenidos. Por un lado, Casalz fue arrestado el 12 de septiembre cuando fue a votar.
Estaba acusado de amenazar a un testigo y a la madre de Araceli, a quien le mandó un video de nueve segundos con una ametralladora diciendo "hay balas para toda la familia". Mientras que Cabañas fue detenido dos días después, luego de que intentó ingresar a la segunda audiencia del juicio oral con un arma blanca. Ante esa situación, el juez Martín Klobovs los procesó con prisión preventiva hasta que se dé a conocer la sentencia.
Araceli había sido vista con vida por última vez la madrugada del 2 de abril de 2017, en una plaza cercana a su casa, y el último contacto con su familia fue a las 7 de la mañana de ese día, cuando le envió un mensaje a su mamá diciéndole: "Vieja, prepará las cosas para el mate que estoy yendo para casa." Pero Araceli nunca apareció y su cuerpo fue hallado 25 días después, tras la intervención de perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Alta.
La autopsia determinó que la joven murió por "asfixia mecánica" por "estrangulamiento a lazo" con un elemento compatible con precintos plásticos. Los ocho imputados llegaron en libertad debido a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín, que consideró en septiembre del 2017 que por la "ineficiencia del sistema investigativo" no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar sus participaciones en el hecho.
La falta de los resultados de los peritajes, la mala conservación de las muestras recolectadas en el lugar del hallazgo del cuerpo y el sembrado de "falsas pistas", fueron los argumentos esgrimidos por Carlos Hermelo, presidente de dicha sala. Aquella decisión fue calificada de "absurda" por el abogado Szpigiel y hasta hoy había generado "impotencia" en la familia de la víctima.