No se hizo justicia
16 Octubre de 2024 12:47
Todo ocurrió el 29 de junio del 2023 por la mañana. ¡Sperani!" nombró la preceptora del colegio Ipem Nº 278 "Malvinas Argentinas" aquel jueves mientras tomaba lista, pero Joaquín no dijo su habitual "presente", pese a que sus compañeritos habían afirmado haberlo visto ingresar a la institución. De hecho, si bien el adolescente de 13 años no estaba en su aula, su bicicleta sí se encontraba en el patio de la escuela. A partir de ahí se armó un complejo operativo de búsqueda que terminó de la peor manera: el cuerpo del menor fue encontrado el siguiente 2 de julio en una vivienda ubicada a unos 100 metros de la escuela secundaria a la que concurría.
Al menor lo habían encontrado un vecino, identificado Como Juan López, y la prima de la víctima en aquella casa abandonada. "Nos juntamos los vecinos en la puerta de la comisaría. Queríamos colaborar. En eso sale uno de los efectivos y nos dicen que podemos ayudar panfleteando, buscando casa por casa. Y eso hicimos. Ellos estaban con drones y no sé cuántas cosas más desde el jueves. Nosotros, humildemente, empezamos a caminar. Duró poco nuestra búsqueda, a los cinco minutos lo encontramos. Estábamos caminando con dos primos de él y pasamos por una casa abandonada. Nos metimos. Apenas entramos, vimos el cadáver", había detallado el hombre.
En aquella oportunidad, el vecino dijo que los primos "empezaron a gritar" al verlo a Joaquín. "Fue una película de terror. Vi el cuerpo y no lo podía creer. Después de eso llamamos a la Policía y ya nos sacaron del lugar", advirtió. Al lugar acudieron bomberos, un servicio de emergencia, policías y la fiscalía de turno para retirar el cuerpo e iniciar las primeras investigaciones del caso. Tras el terrible hallazgo, la mamá de Joaquín, Mariela Flores, culpó al compañero de escuela de su hijo que ya había sido detenido luego de que varios testigos afirmaran haberlo visto junto a la víctima horas antes de su desaparición. "Él lo mató, es un psicópata, basura", dijo.
El manto de misterio alrededor del caso duró hasta que el "mejor amigo" de Joaquín, Leandro, terminó confesando abiertamente haber cometido el crimen. El nene de 14 años declaró que utilizó un fierro para matarlo y dijo que "estaba muy enojado" con la víctima, intentando justificar su asesinato. Durante aquella declaración con el juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas en la ciudad de Laboulaye, Sebastián Moro, el menor reconoció que era "el autor del crimen" e "hizo un relato en donde admite que participó sólo, que no hubo otros participantes, que todo sucedió a partir de una fuerte discusión".
En ese momento, invadido por el enojo -según confesó- "tomó un fierro y le pegó en la cabeza" a Joaquín, terminando con su vida. Su declaración coincidía "con lo que se pudo reconstruir a través de las imágenes de tres cámaras de seguridad, en donde claramente se los ve ingresar a los dos (a un baldío)", y Leandro se fue solo". Conforme fue declarando, el amigo de Joaquín sostuvo que "no tuvo intención de matarlo". Los exámenes psicológicos sobre Leandro determinaron que "tiene discernimiento, comprendió lo que hizo, pero quizás aún no ha dimensionado las consecuencias sobre los daños que ha ocasionado".
Lo cierto es que la familia de Joaquín Sperani terminó demandando al gobierno provincial y a los padres del agresor por $600 millones en concepto de daños y perjuicios. La demanda civil se dirige contra la provincia debido a la responsabilidad atribuida a la escuela pública IPEM 278 Malvinas Argentinas, donde estudiaban ambos chicos. El abogado de la familia, Raúl Francia, afirmó que la institución no garantizaba la seguridad de Joaquín mientras estaba bajo su cuidado, por lo que el Estado provincial debería asumir la indemnización. La acción civil tiene como objetivo proporcionar una compensación económica a la familia de Joaquín.
De todas maneras, en diálogo con Infobae, el abogado reconoció que nada podrá reparar realmente la pérdida. Francia explicó que, según el Código Civil, los establecimientos educativos son responsables tanto por los daños que sufren los alumnos bajo su custodia como por los que ellos ocasionan. En este caso, ambas situaciones se dan, ya que tanto la víctima como el autor del crimen asistían a la misma escuela. En cuanto al proceso penal, el único acusado fue liberado al ser considerado inimputable por su edad. La investigación determina que no hubo participación de terceros en el hecho.
A raíz de la inimputabilidad del menor, el Tribunal Superior de Justicia dispuso que volviera al cuidado de su familia, bajo un seguimiento psicoterapéutico prolongado. De esta manera, el contexto de la demanda civil responde a la percepción de la familia de que, debido a la inimputabilidad del agresor, no se hizo justicia. Buscan así una reparación económica que, si bien no puede restituir la vida de Joaquín, pretende mejorar el bienestar de sus padres y hermanos. La resolución del juez sobre la demanda se espera en un plazo de 20 días, lo que definirá si el Estado cordobés deberá pagar, o no, la indemnización solicitada.
