Ya nadie lo duda: el negocio de la prostitución, la trata, y la explotación sexual no podría existir sin la complicidad de las fuerzas de seguridad. Y de las autoridades políticas a las que están subordinadas. En la ciudad de Buenos Aires son históricos los vínculos de jefes de la Policía Federal y de miembros de lo que antes era la SIDE y hoy es la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con los responsables de los lugares donde se lleva adelante el comercio sexual.
Desde hace meses, los vecinos de Flores y Versalles venían denunciando la existencia de un prostíbulo situado sobre la avenida Juan B. Justo 6162, que funcionaba bajo el auspicio de la Policía de la Ciudad, que depende de Horacio Rodríguez Larreta. Los vecinos registraron imágenes y videos de agente parados en la puerta de la vivienda o conversando con las personas que regenteaban el local.
“La impunidad era tal que llegaron a realizarse fotos y filmaciones de policías de la Ciudad en la puerta del prostíbulo y hablando con quienes manejaban el prostíbulo. Es más hubo allanamientos que estaban anticipados a la mafia, y por ende daban resultados negativos”, denunció la organización La Alameda, dedicada a combatir la trata y el trabajo esclavo en diversos ámbitos.
“Tras la intervención de La Alameda por pedido de los vecinos es que nos presentamos en la fiscalía especializada en trata PROTEX y con nuevas pruebas el pasado viernes 28 de junio, el juzgado federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas, con el fiscal Ramiro González, ordenó allanar con efectivos de Gendarmería y la Dirección de Migraciones, que además dejaron clausurado el prostíbulo en Av. Juan B Justo 6162, en el marco del expediente 3982/19”, agregó la organización.
Lo más llamativo es que la denuncia de los vecinos sobre la existencia de un prostíbulo en esa vivienda tiene varios meses. Desde marzo de este año, al menos, se empezaron a difundir la existencia de ese lugar dedicado a la explotación sexual con complicidad de la policía porteña. Y más alarmante aún es que la chicas que viven en la zona denunciaron a través de cadenas de watsapp intentos de secuestros en la calle de pibas y adolescentes. Los atacantes eran tres hombres que se movilizaban en un coche.
Según detalló una nota de Ancomm, la agencia de noticias de la Facultad de Ciencias Sociales dela UBA, la primera denuncia anónima sobre la existencia del prostíbulo es del 21 de marzo. Entonces hubo un procedimiento policial, pero sin faja de clausura y días después el lugar seguía funcionando.
En abril hubo una movilización y marcha de los vecinos del barrio hacia la comisaría 43a. para reclamar por los intentos de secuestros de la chicas que viven en la zona y de la existencia del prostíbulo sobre esa casa de la avenida Juan B. Justo. Pero era evidente que el sitio contaba con la protección de la policía de la Ciudad, por eso la investigación del juez Rafecas tuvo que llevarse adelante con personal de la Gendarmería Nacional.
Diálogos tensos y cruces de miradas hubo en la reunión que se desarrolló entonces con el comisario Aldo Minola, titular de la seccional 43a. El clima se alivió un poco cuando se constató que la dirección mencionada estaba fuera de sus jurisdicción por dos cuadras. Las chicas del barrio le presentaron además un mapa que habían confeccionado con los intentos de secuestro en la calle.
“Una de las pibas le dijo a Minola que había una red de trata con connivencia de la policía en el barrio y que el prostíbulo seguía funcionando. En una atmósfera muy tensa, el comisario elevó el tono de voz, exigió pruebas y pidió la dirección de la casa en cuestión. En el pasillo se amontonaron tres oficiales. La militante les dio la dirección exacta y todos voltearon la cabeza sobre el mapa de comisarías de CABA. Juan B. Justo 6162, no pertenecía a la jurisdicción de la Comisaría 43, por dos cuadras. El dato descomprimió la tensión”, recuerda la nota.
Pero la cierto es que el lugar siguió funcionando, como si una cuestión de límites en un mapa pudiera cambiar la situación. Cuando la casa fue allanada el 28 de junio por orden del juez Rafecas había cuatro mujeres ejerciendo la prostitución, con otra mujer que actuaba como regente del lugar.
Algunas de las chicas son de nacionalidad dominicana. Cuando hay más de dos mujeres trabajando en un prostíbulo se configura el delito de explotación sexual. Nuestra legislación no castiga a las mujeres que se prostituyen, pero sí a quienes lucran con ellas.
Un dato no menor es que la denuncia radicada ante el juzgado de Rafecas no era la primera sobre esa organización. Según los registros judiciales hay al menos otras cuatro causas abiertas en la justicia federal, en la penal de la provincia de Buenos Aires y en la contravencional de la ciudad de Buenos Aires. Pero nunca se había avanzado hasta ahora en que el lugar fue allanado y clausurado por orden del juez federal.
Espías, policías y políticos
Los vínculos entre quienes se dedican al negocio de la prostitución y la trata con jefes policiales o del mundo del espionaje no son nuevas. Hace años La Alameda denunció que una serie de prostíbulos funcionaban en los alrededores del Departamento Central de la Policía Federal, obviamente con el amparo de los jefes que tenían sus despachos en ese edificio histórico.
Uno de los casos más conocidos y emblemáticos es el de Raúl Martins, un ex espía de la SIDE que fue denunciado inclusive por su propia hija, Lorena. Martins explotaba una red de prostíbulos en la ciudad de Buenos Aires que tenían la protección de la Federal y de la misma SIDE donde él trabajaba.
«Obvio que Macri no quiere escuchar el nombre Raúl Martins. Tanto él como Stiuso estuvieron metidos en el negocio, no les conviene que avance la causa»
El mes pasado, la Cámara Federal ratificó la orden de captura contra Martins que en diciembre del año pasado había dictado la jueza María Romilda Servini de Cubría por los delitos de proxenetismo y trata. El ex espía vive en México desde hace 16 años, donde tiene locales que se dedican al mismo negocio. La fiscalía había pedido además la extradición, pero la jueza sólo dictó la orden para el territorio nacional, es decir que sólo sería arrestado si vuelve al país.
Lorena Martins sostuvo en su momento que su padre había aportado los fondos para financiar la campaña de Maurico Macri como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, su escala previa antes de llegar a la Presidencia. «Macri está denunciado por recibir aportes de campaña de una red de trata que conducía mi papá», dijo Lorena el año pasado durante un reportaje.
«Obvio que Macri no quiere escuchar el nombre Raúl Martins. Tanto él como Stiuso estuvieron metidos en el negocio, no les conviene que avance la causa», agregó la mujer, que dio origen a la denuncia original que recayó en el juzgado de Servini de Cubría.