06 Julio de 2022 18:00
Un crimen atroz. Esta mañana, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) clausuró un criadero de perros que se encontraba sobre la Avenida Juan B. Justo al 3000, en la Ciudad de Buenos Aires. En el lugar rescataron a 133 chihuahuas que vivían en condiciones pésimas. La responsable quedó detenida y fue imputada por “maltrato y crueldad animal”.
La causa fue iniciada tras una denuncia de los vecinos porque había olores “fuertes”, ladridos constantes y llantos fuertes de los perros. Por eso, el área de fauna y ambiente del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal comenzaron las investigaciones y descubrieron un panorama de terror. En el lugar había un criadero en el que se ofrecían los perros por precios que oscilaban entre los 80.000 y los 360.000 pesos. Las ventas se realizaban a través de plataformas virtuales y redes sociales como Facebook.
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Tras el allanamiento, coordinado por el CIJ y realizada por la División Contravenciones y Faltas en Eventos Masivos y la División Canes de la Policía de la Ciudad, junto inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), de la Agencia de Protección Ambiental (APRA) y de la Gerencia Operativa de Sanidad Animal del GCBA, pudieron salvar a 133 perros de distintas edades y diversos cuadros de salud.
Todos los animales son de raza chihuhua y se pudo probar, tal como creían en la hipótesis de la investigación, que estaban a la venta y algunas hembras eran sometidas a embarazos y partos constantes. En ese sentido, algunas mostraban heridas de vieja data por los constantes nacimientos de cachorros. Las autoridades judiciales explicaron que los criaderos ilegales se encuentran prohibidos en en la Ciudad conforme la ordenanza 41.831/87 y art. 4.13.1. del Régimen de Faltas (ley 451 CABA).
Durante el allanamiento, el personal rescató a todos los animales que vivían en un lugar pequeño, con un estado de higiene y de salud muy malo. Algunos de los chihuahuas se encontraban en jaulas pequeñas y dormían sobre su orina o sus propias heces. Algunos de ellos vivían en lugares tan pequeños que no se podían mover. También estaban mal alimentados.
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Los agentes que supervisaron el allanamiento explicaron: “La comercialización de animales domésticos se encuentra estrictamente regulada en el ámbito local, debiendo hacerse en locales expresamente habilitados con el expendio con una certificación médico veterinaria de un profesional matriculado, que asegure el estado sanitario para evitar la trascendencia de enfermedades zoonóticas, lo que no se verifico en el caso concreto”.
Y agregaron: “Las constataciones de los médicos veterinarios permitieron establecer que los seres sintientes, en algunos casos estaban inmóviles y bajos de pesos, y en su totalidad se encontraban hacinados, en espacio reducidos por la cantidad de seres acumulados, en muchos casos enjaulados y sin las mínimas condiciones higiénico sanitarias, lo que generaban los olores y ladridos que trascendían a las fincas linderas, lo que en su conjunto afecta a cualquiera de las llamadas 'cinco libertades' y de modo directo a las condiciones del bienestar animal”.
Los 133 perros fueron trasladados a tres Organizaciones No Gubernamentales especializados en el cuidado de perros, como Campito el Refugio, en donde luego de tratarlos con veterinarios serán dados en adopción. Según fuentes de la investigación, todos los perros serán castrados para que no puedan volver a ser utilizados como reproductores.
Para los rescatistas y encargados de los refugios, el lugar era “una fábrica de perros”. Y recordaron que las denuncias por maltrato animal se pueden realizar en tres lugares y son trámites gratuitos. Para ellos cualquiera puede presentarse en la comisaría más cercana adonde sucedió el delito, en la Fiscalía o Unidad Funcional de Instrucción; o en el Juzgado de Instrucción de la zona.
