Los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa pasan sus noches en la Alcaidía del penal de Melchor Romero, a la espera de que decidan trasladarlos a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Máximo Thomsen (23), Ciro Pertossi (22), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Luciano Pertossi (21), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23) y Lucas Pertossi (23) se encuentran en la Alcaidía 3 de Melchor Romero, la misma en la que cumplieron la prisión preventiva hasta el inicio del juicio por el asesinato del joven estudiante de derecho, ocurrido durante la madrugada del 18 de enero del 2020 en Villa Gesell.
Allí permanecieron aislados, en cuatro celdas con capacidad para dos personas y aislados del resto de la población carcelaria, por cuestiones de seguridad. De hecho, en las últimas horas se había dado a conocer que el Servicio Penitenciario recomendó que los condenados no estén en un penal de máxima seguridad, y que tengan las mismas condiciones que el resto de los presidiarios ya que de ese modo correrían “riesgo de vida”.
Por otra parte, desde el SPB informaron que se está barajando la posibilidad de que Thomsen sea alojado solo, ya que en los últimos días habría protagonizado fuertes disputas, reclamos y “reproches” con los otros cuatro condenados a perpetua. Cabe recordar que fueron cinco los condenados a perpetua (Thomsen, Ciro Pertossi, Comelli, Benicelli y Luciano Pertossi) y tres a 15 años de cárcel (Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi).
Esto terminó de romper la lianza que parecía estar consolidada entre ellos y la diferencia de condenas acrecentó las disputas entre todos los condenados. El más cuestionado es Thomsen, ya fue señalado de haberle dado la patada mortal que terminó con la vida de Báez Sosa. y por eso, el Servicio Penitenciario recomendó dejarlo solo y aislado.
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Por ahora, ninguno de los ocho condenados pidió algún tipo de asistencia psicológica y que pasan sus noches de forma "normal" a pesar de que Thomsen se desvaneció y tuvo que ser atendido por médicos. Por estas horas, el Servicio Penitenciario provincial trabajaba en determinar a qué penales podrían ser trasladados los condenados, ya que "es inviable que permanezcan en la Alcaidía de Melchor Romero".Esto se debe a que se trata de un lugar de encierro en el que los presos solo pasan unos días hasta que son derivados a un pabellón. El tema que deben analizar en el SPB es la cuestión de hacinamiento que existe en mucho de los penales, y el de Campana no escapa a esa situación. Vale destacar que una de las posibilidades es que la defensa pida el traslado de los ocho condenados al penal de Campana, ya que estarían cerca de sus familias, en la ciudad de Zárate.
Mientras tanto, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Lázzari, detalló cuánto será el monto que deberán abonar los condenados a los cuatro abogados de la familia de Fernando Báez Sosa: Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio.
El mismo fue incluido en la sentencia y allí, los magistrados resaltaron la cantidad de JUS (unidad de medida arancelaria) en favor de los representantes del particular damnificado: los condenados deberán abonar un total de 80 JUS en forma solidaria a los cuatro abogados. Entre los ocho condenados deberán abonar $548.320, ya que cada JUS vale $6.854.
Además, los ocho acusados también deberán hacerse cargo de pagar aparte $115.147,20 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del monto indicado y $54.832 como aportes a la caja previsional de abogados, un 10% del valor neto. Más allá de los honorarios del abogado defensor, Hugo Tomei, todos los culpables deberá juntar la suma de $718.326,20 para poder pagarle.
Tomei, conocido en Zárate como el "saca presos", se alquiló una casa en la Costa y preparó la defensa en bloque que se sostuvo hasta el final del juicio. "Es el abogado del poder", advertían los vecinos de Zárate, quienes no tardaron en recordar la defensa que Tomei, junto a Horacio Henricot, al intendente Osvaldo Caffaro, en una causa por malversación de fondos.
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"En su momento, lo que se dijo es que fue el intendente el que puso cuatro millones de pesos para que aceptara la defensa", había confiado a BigBang un conocido abogado penalista que fue contactado por algunos de los padres de los hoy imputados, quienes no estaban de acuerdo con la estrategia de defensa en bloque que planteó desde el minuto cero Tomei.Según pudo saber BigBang, al momento del pago, de acuerdo a la cotización del dólar de enero del 2020, los cuatro millones de pesos equivalían a 20 mil dólares. A eso se le sumaron los cien mil pesos que habría desembolsado el padre de Ciro y Luciano Pertossi y la escritura de una quinta que la familia tiene en la localidad de Escalada, ubicada a sólo 14 kilómetros del centro de Zárate.
Un dato no menor: Emilia Pertossi (hermana de los imputados) es la ahijada de Tomei y trabaja en su estudio desde los 18 años. "No todos los padres de estos chicos tienen dinero, como se dijo en un momento. Hay muchas diferencias económicas y los imputados más complicados son los que tienen familias con más contactos y poder económico", había advertido el abogado, que en su momento les presupuestó USD600.000 por la defensa a los padres de uno de los condenados.
El acuerdo por el que Tomei habría cobrado US$400 mil dólares (100 millones de pesos, tomando una cotización intermedia entre el dólar oficial y el paralelo) establecía que ninguno de los imputados se podía cortar solo y declarar de forma espontánea.