Un ex titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía cordobesa y otros cuatro efectivos de esa dependencia, que estaban acusados de tener vínculos con traficantes, fueron condenados hoy a penas de entre uno y seis años de prisión por delitos menores, pero fueron absueltos de la asociación ilícita, que era la acusación más grave.
Luego del juicio que había comenzado el 8 de marzo, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) resolvió por unanimidad la absolución de todos los imputados, siete en total, por "asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio agravado y violación de secretos".
Asimismo, los jueces entendieron que el ex jefe de Narcotráfico, comisario Rafael Sosa, es responsable de "violación de los deberes de funcionario público, en concurso real en dos hechos" y se le impuso una pena de tres años y ocho meses de prisión.
Sin embargo, Sosa recuperó la libertad esta misma tarde mediante un recurso de excarcelación de su defensa porque ya estuvo preso dos años y ocho meses detenido.
La mayoría de los condenados recibieron penas menores.
El mismo delito alcanzó al comisario Gustavo González, a quien se le aplicó una pena de ejecución condicional de un año y medio de prisión, mientras que se le dictó un año y ocho meses al sargento Fabián Peralta Dátoli y un año al comisario Alfredo Seine.
La condena más alta, de seis años de prisión, fue para el oficial Franco Argüello por los delitos de "extorsión y violación de los deberes de funcionario público".
El oficial Cristian Ingas y el cabo Mario Osorio resultaron los dos únicos absueltos de la totalidad de los delitos.
Por el monto de la pena, el único que por el momento va a quedar detenido es Argüello, ya que a todos los demás les otorgaron la excarcelación, según dispusieron los jueces Hugo Vaca Narvaja, Mario Garzón y Luis Herrera Piedrabuena.
Rafael Sosa recuperó su libertad por el tiempo que estuvo detenido.
En los alegatos del juicio, el fiscal Enrique Senestrari había solicitado penas de entre uno y quince años por los diferentes delitos, pero el juez Vaca Narvaja, luego de la lectura de la sentencia, dijo que "no se pudieron probar" los dichos de Juan "El Francés" Viarnes, ex informante que simulaba ser un agente encubierto, sobre cuyo testimonio se construyó esta causa.
Viarnes también está imputado en este proceso pero, luego de ser excarcelado, se encuentra en calidad de prófugo, razón por la cual el tribunal oral insistió en su búsqueda y, en ese sentido, ordenó que se remita un oficio al Ministerio de Justicia de la Nación para que establezca una recompensa a fin de dar con su paradero.
"Probamos que muchas de las cosas que dijo Viarnes no fueron ciertas. Lleva un estilo de vida vinculado a la mentira y a la estafa", manifestó el magistrado.
También adjudicó a algunos periodistas y a algunos medios "montar un circo mediático" en torno al caso: "Para mí nunca hubo un narcoescándalo. No se pudo probar", afirmó y en ese sentido remitió actuaciones a la fiscalía de turno para que se investigue al respecto.
Asimismo, precisó que las condenas por "violación de los deberes de funcionario público" a cinco de los siete policías tienen que ver con la utilización ilegal de Viarnes como informante de la fuerza y por hacerlo partícipe en operativos.
El abogado Gustavo Fanco, defensor de Sosa, se manifestó disconforme con la sentencia y anticipó que, luego de analizar los fundamentos que se darán a conocer el 11 de mayo, apelará el fallo.
"Sosa no ha cometido ningún delito. Todo el proceso es nulo porque ha quedado demostrado que todos los dichos de Viarnes fueron una fábula", remarcó.
La causa, conocida públicamente como "narcopolicías" o "narcoescándalo", se originó en diciembre de 2013 a partir del testimonio de Viarnes, cuando fue detenido por otro hecho delictivo, y a partir de allí quedaron presos los efectivos policiales, todos en actividad en ese momento.
Según el fiscal Senestrari, Sosa era jefe de una "asociación ilícita" para la "comisión de delitos valiéndose de la estructura jerárquica y de roles dentro de la dependencia" policial.
Entre ellos se encontraba "la generación de sumarios policiales basados en información falsa y la incorporación de agentes encubiertos y provocadores (que armaban allanamientos y causas falsas)".
El fiscal también sostuvo que esos agentes se encargaban de exigir dinero para "favorecer o agravar causas judiciales y plantar" estupefacientes" en operativos, acusaciones desestimadas en la sentencia.