25 Agosto de 2015 18:06
La defensa de Fernando Farré, el empresario acusado de haber apuñalado a su esposa en la casa del country Martindale, trata de imponer la teoría de que el crimen ocurrió en un contexto de emoción violenta. Pero la tesis que sostiene la fiscal del caso no va para ese lado.
"Nada indica que haya habido un estado de emoción violenta como quieren instalar desde la defensa. Por lo que vienen declarando los testigos, no hubo discusión previa, no hubo detonante", dijo a la agencia Télam una fuente judicial ligada al expediente.
"Creemos que Farré tenía todo planeado. Sabía que ese viernes iba a cometer el crimen y se preparó para eso", agregó la fuente consultada.
Farré y su esposa, Claudia Schaefer, padres de tres hijos, llevaban adelante un divorcio controvertido. Ella había hecho una denuncia contra su marido por violencia doméstica, semanas atrás.
Esta mañana, la fiscal a cargo de la investigación Carolina Carballido Calatayud, ordenó una inspección ocular en la casa del country Martindale, donde Farré apuñaló a su esposa.
La pareja se había reunido, en presencia de sus abogado y de la madre del empresario, para que la mujer pudiera retirar algunas pertenencias en unas valijas que había llegado.
En un momento determinado, fueron desde la cocina hasta la habitación y Farré la empezó a atacar a puñaladas por la espalda. Los testigos dijeron no haber escuchado antes una discusión.
Schaefer había denunciado a Farré ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema por un hecho ocurrido el 2 de agosto en el departamento de Recoleta en el que ella terminó tirada en un sillón con una rodilla de su marido en la cara y todo delante de sus tres hijos y la empleada.
En un informe fechado el 3 de agosto al que la agencia Télam tuvo acceso, la OVD calificó la situación como de "bajo riesgo" y derivó el caso al Juzgado Civil 106, cuya jueza subrogante, Marcela Somer, cuatro días después, excluyó del hogar a Farré y le impuso una prohibición de acercamiento a 300 metros.
Además, la magistrada ordenó a la Policía Metropolitana darle un botón antipánico a Schaefer y fijó la audiencia del 14 de agosto en la que se acordaron términos de la división de bienes y la cuota alimentaria de los chicos
