03 Marzo de 2022 17:50
Los ocho rugbiers imputados y detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que ocurrió el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, están a punto de lograr un triunfo indignante. Es que la Justicia falló a su favor en una denuncia que los asesinos realizaron contra la fiscal Verónica Zamboni, que los detuvo tras el brutal asesinato. De esa manera, Hugo Tomei, el abogado de los criminales, pretende hacer caer toda la prueba recolectada y que la causa vuelva a foja cero.
En primer lugar, el fallo a favor fue dictado por la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Dolores, en la que los jueces Luis Defelitto y Susana Darling Yaltone determinaron que los ocho sean considerados “particulares damnificados” en la denuncia, presentada el 13 de febrero de 2020, por “falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad” contra la fiscal. En la causa también apuntaron contra la defensora oficial Dra. María Verónica Olindi Huespi y a los dos secretarios de la fiscalía de Dolores.
En su denuncia, el abogado de los ocho jóvenes apuntó contra la Unidad Funcional de Instrucción N°6 de Villa Gesell y, desde febrero de 2020, pide que sea apartada de la causa por no haber indagado a sus defendidos “de manera correcta”. El abogado asegura, por un lado, que los rugbiers, tras ser detenidos, no fueron notificados de la acusación; y por el otro lado, que no se les exhibieron las imágenes del hecho.
En una entrevista con TN, el defensor de los rugbiers dijo: “La prueba era evidente. Las actas de las supuestas declaraciones daban cuenta que se había notificado a los imputados individualmente en audiencias separadas del hecho acusado, la prueba y los derechos. Todo en menos de tres minutos, cuando una audiencia de esas características tarda entre 15 y 20 minutos”.
Y agregó: “Posteriormente, ante un planteo de la defensa, la fiscal Zamboni reconoció por escrito que no hubo audiencias individuales. Y que supuestamente la noche de domingo 19 de enero de 2020 les habló a todos juntos sobre el homicidio, de pie y en una sola oficina de la Fiscalía, en presencia de la defensora oficial que permitió el acto ilegal. La Justicia debería declarar nulos todos los actos ocurridos el 19 de enero de hace dos años. Cada uno hizo lo que quiso y no lo que dice la ley. Es un grave problema”.
Para finalizar, Tomei lanzó: “El reconocimiento como parte procesal permite a los autorizados a intervenir en el proceso, que será extremadamente dificultoso por el obstáculo que generará la posición de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal del departamento judicial de Dolores, que tenderán a proteger a sus colegas aun en el caso de mal desempeño”.
Esta no es la primera vez que se analiza esta denuncia. Hace varios meses, el juez de Garantías David Mancinelli resolvió no hacer lugar a dicha solicitud. En su análisis, el juez entendió que los imputados Enzo Comelli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli y Matías Benicelli no habían resultado damnificados por el accionar de la fiscal, la defensora oficial y los secretarios.
El peligro de la foja cero
La estrategia de la defensa es que se anule toda la prueba que produjo la fiscal Zamboni y que la causa completa vuelva a foja cero. Además, y este es un punto muy importante para la defensa de los rugbiers, quieren lograr la anulación antes del 2 de enero de 2023, la fecha fijada para el inicio del comienzo del juicio por el asesinato de Fernando.
En ese sentido, el abogado de los rugbiers no reveló que su plan será la vuelta a foja cero. Pero dijo: “En el pedido de elevación a juicio, se determinó que existió un planteo o pacto para guardar silencio entre ellos mismos sobre lo sucedido; corroborando ello la participación de todos en el hecho, como así también la total premeditación. Cuando se exige apego a la ley es para que no se diga que se organizaron para matar. La fiscal Zamboni no pudo establecer cuándo y dónde lo hicieron. Debería pasar que se pruebe la falsedad de las actas y que se impute a la fiscal y defensora más dos secretarios”.
En tanto, para Fernando Burlando, abogado de la familia de Fernando, la estrategia de la defensa no tiene sentido. “De parte de los imputados, desde mi punto, han solicitado todo y a la situación de hoy han llegado. No lograron nada. Pero intentaron todo. Y la respuesta es la postal que hoy podemos observar: ocho personas detenidas de cara a un juicio que indefectiblemente va a llegar en el mes de enero del año próximo”.
Además había explicado: “La idea de desviar la investigación hace que los imputados deban permanecer detenidos hasta el juicio. De acá a enero del año que viene, nosotros accionaremos en todo aquello referido a la instrucción suplementaria y a oponernos a cualquier tipo de beneficio excarcelatorio, morigeración o medida alternativa a la prisión preventiva”.
Los detenidos continúan alojados en la Alcaidía N°3 del Penal de Melchor Romero y están imputados como coautores del delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”. El crimen de Fernando quedó registrado en varios videos y hay decenas de testigos del hecho.
