Ni amistad, ni lealtad: el pacto de silencio de los ocho rugbiers imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa responde nada más y nada menos que a una extorsión económica. El millonario costo de la defensa en bloque que lleva adelante desde el inicio de la investigación Hugo Tomei, la interna entre los padres de los jóvenes acusados y la imposición por parte de los "más complicados" en la causa.
El 18 de enero del 2020 a las 10.30 de la mañana, sólo cinco horas después del asesinato de Fernando, los diez jóvenes oriundos de Zárate que habían viajado a Villa Gesell para veranear en grupo fueron detenidos en la cabaña que alquilaban a pocas cuadras de la escena del crimen. En una primera instancia, todos recibieron la asistencia de una defensora oficial que les dio una única instrucción: "Ninguno declara hasta saber de qué se los acusa y qué pruebas hay en su contra".
Mientras los rugbiers pasaban sus primeras horas detenidos en la comisaría primera de Pinamar, sus familiares movían contactos a diestra y siniestra para conseguir un abogado que estuviera dispuesto a asumir la defensa pese a la ya palpable condena pública y no les "cobrara una locura" en el proceso. La misión era casi imposible: para ese entonces, las brutales grabaciones de la golpiza a la salida de Le Brique y las imágenes que los mostraban celebrando y comiendo hamburguesas luego del asesinato ya eran transmitidas en casi en cadena nacional.
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Dos días después de la detención, el nombre de Hugo Tomei pasó a ser conocido a nivel nacional. El abogado, conocido en Zárate como el "saca presos", se alquiló una casa en la Costa y comenzó a preparar así la defensa en bloque que se sostiene hasta el día de hoy. "Es el abogado del poder", advertían los vecinos de Zárate, quienes no tardaron en recordar la defensa que Tomei, junto a Horacio Henricot, al intendente Osvaldo Caffaro, en una causa por malversación de fondos.
"En su momento, lo que se dijo es que fue el intendente el que puso cuatro millones de pesos para que aceptara la defensa", confió a BigBang un conocido abogado penalista que fue contactado por algunos de los padres de los hoy imputados, quienes no estaban de acuerdo con la estrategia de defensa en bloque que planteó desde el minuto cero Tomei. "O los defiendo a todos juntos o no defiendo a ninguno", fue la condición que impuso.
Al momento del pago, de acuerdo a la cotización del dólar de enero del 2020, los cuatro millones de pesos equivalían a 20 mil dólares. A eso se le sumaron los cien mil pesos que habría desembolsado el padre de Ciro y Luciano Pertossi (dos de los ocho imputados) y la escritura de una quinta que la familia tiene en la localidad de Escalada, ubicada a sólo 14 kilómetros del centro de Zárate. Un dato no menor: Emilia Pertossi (hermana de los imputados) es la ahijada de Tomei y trabaja en su estudio desde los 18 años.
"No todos los padres de estos chicos tienen dinero, como se dijo en un momento. Hay muchas diferencias económicas y los imputados más complicados son los que tienen familias con más contactos y poder económico", advirtió el abogado, que en su momento les presupuestó USD600.000 por la defensa a los padres de uno de los imputados también más complicados, pero que la rechazaron alegando que no contaban con ese dinero.
A lo largo del proceso de instrucción, fueron muchos los padres de los imputados que cuestionaron la estrategia planteada por Tomei. "Hay tres que ya están condenados, pero lo que trata desesperadamente Tomei es conseguir por lo menos una calificación distinta para cinco de sus defendidos", sumó el penalista, en clara alusión a Máximo Thomsen, Luciano Pertossi y Enzo Comelli, por su participación directa en el ataque.
El primer gran punto de quiebre grupal se dio el jueves 20 de febrero del 2020, sólo diez días después de que la fiscal Verónica Zamboni pidiera la prisión preventiva para los ocho rugbiers imputados y el cese de la detención para Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino. Los "liberados" se presentaron pasadas las dos de la tarde en el despacho de la fiscal acompañados por sus padres, escoltados por Tomei y fueron notificados de su nueva imputación como "partícipes necesarios". Su sobreseimiento se daría semanas después.
"Quiero declarar pero no me dejan". Esa fue la frase que Guarino le había dicho a Zamboni en la audiencia Las actas dan cuenta de que los dos rugbiers liberados se negaron a declarar de modo oficial, aunque allegados a Guarino se encargaron de revelar qué fue lo que sucedió en realidad. Lo primero que hizo el adolescente fue preguntarle a la fiscal: "¿Voy a volver a estar preso?".
Mientras la fiscal le explicaba que seguía sin tener pruebas que lo involucraran y que seguría en libertad, el rugbier se quebró en llanto. "Quiero declarar, quiero contar todo lo que sé", aseguró el adolescente. Tomei, quien se encontraba a su lado, lo frenó de inmediato: "Vos ahora no hablás".
Guarino volvió a mirar a la fiscal e insistió: "No me importa. Quiero contar todo lo que vi, todo lo que sé". Atento a la posibilidad del quiebre del pacto de silencio, Tomei volvió a interrumpirlo y le advirtió a Zamboni que no estaban "dadas las garantías como para que declare hoy, así que no va a decir nada". El imputado miró a la fiscal una vez más: "Quiero que conste en actas que la próxima vez que esté frente a usted voy a decir toda la verdad. Quiero declarar, pero no me dejan".
Guarino y Milanesi fueron los únicos de los "diez rugbiers" que llegaron sobreseídos al juicio, aunque deberán declarar en las próximas semanas en calidad de testigos dado que fueron convocados tanto por Tomei, como por la fiscalía y la querella. Será la primera vez que se reencuentren con sus "amigos", a quienes jamás fueron a visitar a la cárcel en estos tres años.
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Pese a que antes del juicio fueron muchos los abogados consultados para romper la defensa en bloque y ponerle punto final al "pacto de silencio" ordenado a los ocho imputados, lo cierto es que todos llegaron al juicio representados por Tomei, cuya defensa es abonada por el padre de los hermanos Pertossi y tío del otro familiar imputado, Lucas Pertossi.
"Hasta que (el Tribunal) no alegue, no voy a hacer ninguna evaluación apresurada. Estamos escuchando información, que es la misma que escuchamos todos y en el momento del alegato se verá", precisó en la primera semana del juicio Tomei, dando a entender una posible declaración de alguno de los imputados; pero recién sobre la recta final del juicio, una vez que ya esté presentada toda la carga probatoria y se de por terminada la ronda de declaraciones testimoniales.
El acuerdo por el que Tomei habría cobrado US$400 mil dólares (100 millones de pesos, tomando una cotización intermedia entre el dólar oficial y el paralelo) establece que ninguno de los imputados se puede cortar solo y declarar de forma espontánea. "La orden es que ninguno va a declarar, al menos hasta la instancia final del juicio en donde Tomei va a definir, con todas las pruebas sobre la mesa, si alguno de los cinco que pueden pelear una pena menor rompe o no el silencio", precisan.
El inicio del juicio volvió a tensar el vínculo entre los ocho imputados, quienes permanecen detenidos en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero divididos en cuatro celdas para dos personas. Era cuestión de tiempo para que las divisiones se hicieran notar dentro del grupo. Según consignó Crónica TV, uno de los imputados se quebró el jueves por la tarde.
Aunque no trascendió quién fue, uno de los imputados llegó a su celda y se puso a llorar. Repetía que no iba a “zafar” y que él “no había hecho nada”. La crisis nerviosa culminó con un ataque de llanto. Fue entonces que Thomsen, uno de los más complicados de los acusados, se acercó a las rejas de su celda y desde enfrente le ordenó a otro de los imputados: “Callalo porque si no voy a cagarlo a trompadas”.
El detenido ya le habría comunicado a Tomei su intención de declarar y, frente a la negativa del abogado, sus padres ya avanzan en la búsqueda de un nuevo representante para romper al fin el pacto de silencio.