La pistola tenía cinco balas, pero el disparo no salió porque no tenía ninguna munición en la recámara. Un 1° de septiembre como el de hoy, pero del 2022, un hombre intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner en Recoleta. Ocurrió durante la noche de aquel jueves, en la esquina de Juncal y Uruguay, mientras la vicepresidenta saludaba a los militantes peronistas en la puerta de su casa en Recoleta.
En ese momento, Fernando Sabag Montiel se acercó, apuntó un arma a la cabeza de la ex presidenta y gatilló. La bala no salió. El arma, una pistola Bersa 64 calibre 22, tenía cinco balas en su cargador pero el disparo no salió porque no tenía ningún proyectil en la recámara. El autor del atentado tiene 36 años, es brasilero y vive en Argentina desde 1993. Su último ingreso al país fue en 2018, desde Uruguay.
Cómo fue el atentado y quiénes son los detenidos
Al momento del ataque, el reloj marcaba las 21 horas. La vicepresidenta firmaba ejemplares de Sinceramente y saludaba a la militancia que desde hacía más de 10 días se acercaba a su domicilio. Frente a semejante distracción, Sabag Montiel, burló la custodia de la funcionaria, estiró su brazo entre las personas que la rodeaban y le gatilló en dos veces en el rostro. Afortunadamente, falló.De acuerdo con una pericia preliminar, el arma tenía mal la corredera, y, "de milagro", la bala no salió. Como si nada, debido a que no se percató del ataque, la ex presidenta siguió saludando mientras que el personal de seguridad, quizás de manera tibia y hasta cordial, intentaba ponerla a resguardo. "En ningún momento se dio cuenta del ataque. Recién se enteró cuando subió a su departamento”, habían detallado las fuentes del caso.
Si bien en las imágenes se puede observar a simple vista que la vicepresidenta alcanzó a cubrirse el rostro con las manos y agacharse, mientras que su agresor -que se encuentra detenido- fue reducido de inmediato por los presentes, lo cierto es que -según declaró la funcionaria ante la jueza María Eugenia Capuchetti- lo hizo para alcanzarle un libro de Sinceramente que se le había caído a uno de los militantes durante el alboroto.
A casi un año del atentado a CFK, la Justicia ordenó el secuestro del teléfono de Milman
El intento de magnicidio (el asesinato de una persona con un cargo importante) ocurrió ante la mirada de cientos de personas que rodeaban a Cristina. La causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta avanza en dirección al juicio oral y público de los supuestos autores materiales mientras que la querella de la ex mandataria reclama que se profundicen las medidas de pruebas vinculadas a la detección de posibles conexiones políticas o autorías intelectuales.Esto último, por ahora, fue descartado por los investigadores. El tramo central del expediente, ya elevado a juicio, se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 6, que en los próximos días correrá vista a las partes -fiscalía, querella y defensas- para que ofrezcan prueba de cara al debate oral que aún no tiene fecha.
El TOF 6 no tiene jueces titulares y está integrado, de momento, por los subrogantes Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, mientras que la fiscal del debate oral y público será Gabriela Baigún; en el juicio participará la querella de la exmandataria, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
Una vez ocurrido el atentado y con la investigación a flor de piel, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la detención del autor material, Sabag Montiel; de la autora intelectual, Brenda Uliarte (la novia del agresor y que estaba presente en las inmediaciones del lugar); y de dos cómplices: Gabriel Carrizo y Agustina Díaz, que era amiga de Uliarte y a quien dictaron la falta de mérito y ordenaron su liberación inmediata un mes después de lo sucedido.
En el debate oral, Sabag Montiel, tendrá como abogada a la defensora oficial María Fernanda López Puleio; la supuesta coautora Uliarte cambió la defensa oficial por la del abogado Carlos Telleldín justo cuando la causa estaba por ser elevada a juicio oral. “La cárcel me enseñó casi todo lo que sé”, se jacta el letrado que estuvo preso e imputado por el atentado contra la AMIA y terminó absuelto.
Quién es Carlos Telleldín: el abogado involucrado en el atentado a la AMIA
La figura de Carlos Telleldín no hace más que oscurecer un caso que ya de por sí es complicado. Telleldín comenzó como "armador de autos" con partes robadas y estuvo 10 años y 2 meses detenido en Devoto, acusado de ser el entregador del coche bomba que se utilizó en el atentado de la AMIA el 18 de julio de 1994. Mientras se encontraba tras las rejas, estudió derecho y se recibió como abogado. Incluso, ya en libertad emprendió un meteórico ascenso en esta carrera.En diciembre de 2020, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 3, al término de un juicio en el que se ratificó que el ataque terrorista fue un delito de "lesa humanidad" imprescriptible. La decisión fue de los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero y los fundamentos se conocieron el 26 de marzo del 2021.
El Tribunal absolvió a Telleldín de la acusación como partícipe necesario del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos, en su rol de último poseedor de la camioneta Trafic usada como cochebomba. "Dentro de unos quince días Brenda Uliarte hará una ampliación de su indagatoria para manifestar que una persona allegada a Gerardo Milman pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina Kirchner", dijo el abogado según publicó el diario Página/12 Como imputada, Uliarte no está obligada a decir la verdad por lo que habrá que esperar para saber si, en caso de ampliar su indagatoria o declarar en el juicio oral, presenta algún elemento de prueba que pueda respaldar sus dichos.
Gerardo Milman, el diputado de Juntos por el Cambio involucrado en el atentado a CFK
El nombre de Milman apareció en el expediente el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la jueza Capuchetti y dijo que había escuchado al legislador de Juntos por el Cambio referirse al atentado antes de que ocurriera. Esta versión señalaba que el diputado macrista conocía con días de antelación el golpe que iban a intentar darle a la ex presidenta. "Cuando la maten yo estoy camino a la costa", habría dicho Milman a dos de sus asesoras, el 30 de agosto en el restaurant Casablanca, según la declaración del empleado del diputado oficialista Marcos Cleri, quien hoy es un testigo clave de la causa, y que estaba presente a pocos metros de los tres.
Sobre esto las dos mujeres prestaron declaración al día siguiente de la acusación y negaron todo, pero las pruebas fueron suficientes como para que el ministro del Interior, Wado de Pedro, reconociera que el referente macrista "sabía que la iban a matar a Cristina Kirchner". A pesar de esto, esa pista no fue elevada a juicio: hace 10 días la Cámara Federal porteña hizo lugar al secuestro del teléfono de Milman.
El diputado lo entregó voluntariamente y su apertura también fue autorizada por la Cámara de Diputados. Al habilitar la medida, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi demarcaron que "la extracción de información del teléfono en cuestión deberá limitarse a un acotado y prudente lapso temporal -abarcado desde el 1° de julio de 2022 al 10 de mayo de 2023-", según surge del fallo al que accedió esta agencia.
En simultáneo, el fiscal Carlos Rívolo, quien tiene delegada la investigación, solicitó a las compañías de telefonía celular que informen si existe alguna otra línea a nombre de Milman.
La denominada Regla de Tueller
Otra de las medidas de prueba que aún se encuentra en etapa de instrucción tiene que ver con la denominada Regla de Tueller, la cual alude a la distancia mínima que necesita una persona (eventualmente un miembro de una fuerza de seguridad) para tener chances de defenderse de manera efectiva con un arma de fuego frente a una agresión con un arma blanca.Un papel que decía "La Regla de Tueller (pistola versus navaja)" fue hallado en la habitación de Uliarte en la casa de su padre durante el allanamiento que le realizaran el año pasado. Luego de mucha insistencia por parte de la querella, Rívolo ordenó realizar una pericia caligráfica para determinar si el escrito secuestrado en la causa corresponde con la escritura de alguno de los tres detenidos por el intento de magnicidio.
Como parte de la investigación de esa pista, días atrás declaró como testigo -por primera vez en el expediente- el padre de Brenda Uliarte, Leonardo Uliarte, quien se encontraba presente en su domicilio particular el 7 de septiembre del año pasado cuando se concretó un allanamiento en esa vivienda.
Advertido respecto de que no podía declarar en contra de su hija y se limitó a contar cuestiones vinculadas al allanamiento y a la vida familiar. También reveló que no sabía que su hija había dejado de vivir en su casa. "Me sorprendí cuando entramos a su habitación y vimos que ni siquiera estaba la tele que yo le había regalado, que todavía la estoy pagando. Yo no sé si mi hermana o alguien más sabían que ella se había ido. Nadie me dijo nada tampoco. Pensé que iba y venía, pero que se haya llevado las cosas me sorprendió al entrar a la habitación el día del allanamiento", relató.
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También afirmó que le habían llamado la atención las apariciones televisivas de su hija: "Antes del atentado me mandó un mensaje mi primo Franco Oballes, de que (Brenda) había salido en la tele hablando de los planes. Y a mí me llamó mucho la atención que ella tuviera una opinión pública, porque era una piba tan callada", contó.
Una conducta "premeditada"
Ese testimonio volvió a encender las alarmas de la querella, que aún se pregunta si hubo autores intelectuales que manipularon a los acusados para que intentaran cometer el magnicidio. Cuando solicitó la elevación de la causa a juicio, la fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue "premeditada", o sea que idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la Vicepresidenta de la Nación"; pero advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales. El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022 cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había pertenecido a un vecino ya fallecido.
De las conversaciones por WhatsApp que lograron reconstruirse a lo largo de la investigación surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento en el barrio porteño de Recoleta para apostar desde allí un francotirador, pero luego optaron por otra mecánica. "De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la Vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella", señaló el fiscal tras repasar esas conversaciones.