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El estudiante del año: un adolescente hizo 20 amenazas de bomba a su escuela para no ir a clases

Sus padres fueron condenados por la justicia.

20 Octubre de 2023 16:14
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Hace varios meses atrás, un adolescente de 17 años (cuyo nombre se preserva por su minoría de edad), oriundo del barrio de Caballito, realizó más de 20 llamados telefónicos a su escuela por amenazas de bomba para que se suspendieran las clases y así, no tener que asistir a estudiar. 

Se trata de un alumno de la Escuela Comercial número 23, ubicada en la Avenida Rivadavia al 5200. Según la resolución judicial, el menor alertaba sobre la presencia de elementos explosivos en la institución pública, lo que generaba que se activara el protocolo de evacuación del resto de los alumnos. Además, el SAME tuvo que realizar un operativo de emergencia cada vez que el joven llamaba al colegio para constatar si era verdad o no la amenaza. 

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La denuncia, fue realizada por el Gobierno de la Ciudad, cuya ministra de Educación, Soledad Acuña, había aseverado: "Cada vez que se pierda un día de clases por una amenaza de bomba, vamos a denunciar penalmente y enviaremos a la Procuración General de la Ciudad un informo técnico cuantificando el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal de las escuelas afectadas".

Gracias a la División de Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, se pudo llevar a cabo las investigaciones pertinentes y constatar que las grabaciones al 911 y la trazabilidad de la línea telefónica pertenecían al menor. 

Por su parte, luego de tres meses se logró dar con el perfil del adolescente en cuestión y  el Juzgado Federal Nº 2 ordenó un allanamiento en Mataderos en la vivienda de la titular de la línea telefónica. El joven confesó que era el responsable de los llamados y sus padres fueron directamente imputados por las amenazas de bomba para que afronten los gastos innecesarios que provocó durante todo el año. 

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Los progenitores del adolescente de 17 años deberán pagarle a la Justicia los gastos provocados por los cortes de las calles, así como también los costos por la movilización de los policías, al personal del SAME y los bomberos y efectivos de la Brigada de Explosivos.