El operativo "palos en la rueda" de los policías para rearmar la defensa, tras el quiebre del pacto de silencio

"No estoy hablando con usted, porque no sé quién es". La onceava audiencia del juicio por el crimen de Lucas González, el joven de 17 años asesinado en noviembre del 2021 por la policía de la Ciudad, tuvo un giro inesperado que generó un clima de máxima tensión dentro de la sala de audiencias y los alegatos, que debían comenzar en la jornada de hoy, se pasaron para el jueves. El cruce entre Gregorio Dalbón y los defensores de los imputados y el operativo "palos en la rueda" para ganar tiempo y rearmar la defensa tras el quiebre del pacto de silencio.

Al comienzo de la audiencia que tuvo lugar en la sala de tribunales de la calle Paraguay, el fiscal de la causa, Guillermo Pérez de la Fuente, le pidió al TOC 25 proyectar un video que expone los movimientos que realizó la Policía al momento del ataque, con particular atención en los de Gabriel Isassi, imputado por haberle disparado a los menores y terminar con la vida del futbolista.

La cámara de seguridad y las contradicciones que complican a "Cachorro" 

Fue ahí cuando algunos de los abogados defensores tomaron la palabra y cuestionaron la proyección del material, ya que si bien las imágenes registradas por las cámaras de seguridad fueron incorporadas durante la etapa de instrucción a la causa, el fiscal realizó un “compilado” para mostrar la secuencia completa y los defensores de los imputados objetaron el material. "Usted eligió qué mostrar y qué no", argumentaron.

“Ver determinadas imágenes iba a permitirle a las defensas ver lo que estaba pasando en ese momento. Lo que se ve no es un invento, es lo que se ve. La idea es que todos conozcan todo”, resistió Pérez de la Fuente. La discusión se prolongó durante más de diez minutos y, cansado por la insistencia de los abogados de la defensa, el fiscal desistió del video con el fin de avanzar con la audiencia y darle lugar al alegato de Dalbón, previsto para la jornada de la fecha.

Una vez dirimido el conflicto por el video, los abogados de los policías porteños imputados pusieron otro palo en la rueda. ¿El motivo? El jueves de la semana pasada, el inspector imputado Héctor Cuevas rompió el pacto de silencio y señaló a uno de los imputados (por Gabriel Alejandro Isassi, acusado de haber sido quien le disparó al auto en el que viajaban los chicos) y a Facundo Matías "Cachorro" Torres -el efectivo detenido el fin de semana- de haber sido quienes plantaron el arma de juguete en la escena del crimen.

La posterior declaración del hasta ahora jamás investigado policía porteño complicó aún más al resto de los imputados, quienes por estas horas deben replantear casi de forma completa su estrategia de defensa. De ahí, la necesidad de presentar la mayor cantidad de pedidos de nulidad y objeciones para ganar tiempo. Su objetivo inicial era el de pasar a un cuarto intermedio y que la audiencia continuara recién en veinte días.

Si bien a las 20 horas del último lunes todos los abogados tuvieron acceso al documento que reveló la declaración del policía de la Ciudad Facundo Torres, acusado de ser el responsable de haber llevado a Isassi a plantar el arma de juguete que apareció tras el asesinato en el auto de las víctimas, la abogada de Sebastián Baidón, Valeria Corbacho, adujo que no pudo verlo.

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Frente a esto, el resto de los letrados defensores afirmaron que tampoco lo habían visto; acción que sería perjudicial para sus clientes, ya que si se daba comienzo a los alegatos, los imputados no iban a poder volver a prestar declaración para defenderse de lo declarado por Torres. Sin embargo, el presidente del tribunal le ofreció realizar un cuarto intermedio de 40 minutos para que pudieran revisarlo y avanzar así con la audiencia.

La abogada no aceptó, ya que indicó que no podría hacerlo en esas “condiciones”, así como tampoco podría realizar una entrevista con su cliente para contarle lo que ocurrió y fijarse si quisiera o no declarar. Frente a esto, Dalbón pidió que se agregue una nueva audiencia, pero para esta semana; medida aceptada por el Tribunal, que acordó que habrá un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana.

Declaración de Héctor Cuevas y Facundo Torres

Todo comenzó el pasado jueves, cuando en la última audiencia del juicio por el asesinato de Lucas, el inspector imputado Héctor Cuevas rompió el pacto de silencio y pidió ampliar su declaración. En la misma, el agente de la Comuna 4 testificó: "A las 10.30 aproximadamente veo llegar una moto que depende de la Comuna. La manejaba el oficial Torres con una persona atrás de civil. Se baja esa persona y va con el subcomisario Inca que estaba cerca mío. Ahí escucho que le dice: 'Andá a poner eso'”.

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Luego de eso, explicó: “Después de ver las noticias y con las detenciones de los tres primeros de la brigada, identifiqué que uno de los tres que detienen era el que había puesto el arma". Se trataba nada más y nada menos de Isassi, uno de los tres efectivos de civil acusado de haberles disparado a los chicos. Si bien Torres, apodado como “Cachorro”, negó haber llevado a cabo dichas acciones, no pudo negar que estuvo en la escena del crimen, dado que todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

La imagen concuerda con el relato de Cuevas. Fue tomada a las 10:29 en la esquina de Australia y Vélez Sarsfield, donde los oficiales interceptaron a los menores por primera vez. Allí se puede observar a Torres manejando una moto azul y a Isassi de acompañante vestido de civil y con una gorra en la cabeza. Además, según el testimonio del policía que quebró el pacto de silencio, el vehículo pertenece a la fuerza policial.

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Por su parte, Torres declaró frente a la jueza Vanesa Peluffo, encargada del Juzgado Criminal y Correccional 7 de la Ciudad de Buenos aires, quien estuvo acompañada por el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella, y admitió que efectivamente viajó en su moto hasta la comisaría Vecinal 4D junto al imputado Isassi, ya que eran los encargados de buscar las “cintas” para delimitar la zona restringida.

A Torres se lo imputó por el delito de “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas”.