Otro escándalo de corrupción sacude a la política y puso en el centro de la escena a Jorge D´Onofrio, ex ministro de Transporte, y a la concejal de Pilar, Claudia Pombo. Ambos se encuentran cada vez más comprometidos en la causa PP-00-056058-23/00, caratulada "Quattrochi, Mario y otros s/ Fraude en perjuicio de la Administración Pública", que avanza en la UFIJ N° 11 de La Plata. Las recientes diligencias judiciales incluyen nuevos allanamientos a la denominada Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una entidad que se presenta como asociación civil sin fines de lucro, pero que, según los fiscales, funciona como una pantalla para negocios irregulares en connivencia con funcionarios y jueces provinciales.
Entre los domicilios allanados se encuentra la sede de CECAITRA y la vivienda de su presidente, Bernardino García, estrecho socio de D´Onofrio. Este número de CECAITRA con la corrupción no es nuevo. Ya en 2020, la PROCELAC allanó sus oficinas e inició investigaciones sobre García y su hijo, Mariano, por severas irregularidades. La nueva investigación se sostiene gracias a pruebas aportadas por las actuales autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense, que han dejado al descubierto un entramado que involucra la instalación de fotomultas sin cumplir con el procedimiento legal correspondiente.
Estas infracciones se resolvían con gestores y jueces de faltas a cambio de sobornos que oscilaban entre el 25% y el 50% del valor de la multa. Entre los jueces provinciales involucrados figuran Mario Quattrochi (ex titular de los Juzgados Provinciales de La Plata y San Isidro), Alicia Parente (Juzgado Provincial de Chivilcoy), Marcelo Peralta (Juzgado Provincial de Mar del Plata) y Miriam Roldán (Juzgado Provincial de Merlo). A ellos se suman ex funcionarios del Ministerio de Transporte bonaerense, ya apartados de sus cargos, que podrían enfrentar imputaciones por asociación ilícita: Tomás Uthurriague, Pablo Sanguinetti, Sebastián Desio y Laura Angeletti.
El operativo realizado en CECAITRA y la residencia de García permitió secuestrar computadoras, teléfonos y documentación clave para la causa. Según fuentes judiciales, la carátula podría agravarse y pasar a ser de asociación ilícita con el agravante de incluir funcionarios públicos, un delito con penas de entre cinco y veinte años de prisión. CECAITRA se define como "una Asociación Civil sin fines de lucro que nuclea a empresas proveedoras de tecnologías viales". Sin embargo, su configuración jurídica le permitió evadir impuestos clave como IVA, Ingresos Brutos y Ganancias, mientras se inscribe como proveedora del Estado y celebra contratos directos con municipios.
Numerosos distritos optaron por rescindir sus convenios con esta falsa cámara debido a las irregularidades detectadas y por recomendación del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia. El modus operandi de CECAITRA se sostía a través de un acuerdo previo con la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata (UTN-FRLP), por el cual esta casa de estudios percibía apenas un 4% de los montos recaudados. Dicho vínculo también fue objeto de investigación judicial y motivó la finalización de un acuerdo plagado de irregularidades.
La causa sigue avanzando y cada nueva medida judicial parece confirmar lo que ya resulta evidente: una red de corrupción enquistada en las estructuras del Estado que, por años, permitió que el negocio de las multas de tránsito se transformara en una caja negra para el enriquecimiento ilícito de jueces, funcionarios y empresarios sin escrúpulos.