19 Agosto de 2020 15:37
La Justicia elevó a juicio oral la causa por el doble asesinato del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, cometido hace un año en la plaza Congreso, por el que además hay nueve imputados, la mayoría integrantes de una misma familia de la comunidad gitana.
Luego de analizar los 37 cuerpos que tiene el expediente -7.400 fojas-, la fiscal Estela Andrades presentó el requerimiento de elevar la investigación a juicio y el juez en lo Criminal y Correccional 16, Mariano Iturralde, lo aceptó y envió la causa a sorteo.
De este modo, el Tribunal Oral en lo Criminal 9, el mismo que en 2015 condenó a prisión perpetua al portero Jorge Mangeri por el femicidio de Ángeles Rawson, será el que llevará a cabo el juicio, aún sin fecha fijada.
El crimen de Olivares (61) y Yadón (58) ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata habitual por la plaza del Congreso Nacional.
A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado detrás de un micro, sobre Avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, desde el auto les efectuaron a ambos varios balazos.
Por el ataque, Yadón cayó muerto de tres disparos -uno en cuello, otro en axila y el tercero en la pelvis-, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.
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Los dos imputados principales, y únicos detenidos con prisión preventiva, son los primos Juan Jesús "Mohamed" Fernández (43) y Juan José Navarro Cádiz (26), ambos pertenecientes a la comunidad gitana.La fiscal Andrades pidió en su requerimiento que ambos sean juzgados como coautores de un "doble homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía y por placer, así como también por el empleo de un arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra", delitos que prevén la pena de prisión perpetua.
"El homicidio no fue más ni menos que una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser", sostuvo la fiscal Andrades en su requerimiento.
En otro tramo del escrito, la fiscal menciona que "el cuadro cargoso demuestra un desprecio tal por la vida humana" que quedó evidenciado "por el modo cobarde y traicionero" de la ejecución del doble crimen.
Toda la secuencia de Fernández y Navarro Cádiz, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, quedó grabado en videos de 80 cámaras de seguridad que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal.
Pero además, en sus indagatorias, los primos reconocieron haber estado en el auto con el arma homicida, una pistola Bersa Thunder calibre .40 con mira láser, aunque se echaron la culpa uno a otro respecto a quién fue el ejecutor de los disparos.
En su última declaración, Navarro Cádiz reconoció por primera vez que el arma era suya, pero dijo que fue su primo quien la manipulaba cuando él estaba agachado consumiendo cocaína y escuchó las detonaciones.
En cambio, Fernández siempre contó que esa madrugada, mientras estaban consumiendo alcohol y cocaína dentro de su auto, su primo le dijo que tenías ganas de matar a su suegro y, desde el asiento del acompañante, extrajo un arma de la nada y comenzó a efectuar disparos apuntando con ambas manos y frente a su cara.
La pericia del barrido electrónico comprometió a Navarro Cádiz, ya que detectó restos de la deflagración del disparo de un arma de fuego en su mano izquierda y en tres de sus prendas: una campera, un buzo y un jogging.
Además, la reconstrucción del hecho realizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Dirección General de Criminalística de la Policía Federal Argentina (PFA), señaló, en base a los restos de pólvora hallados en su vestimenta y a su posición dentro del vehículo, que el autor de los disparos fue Navarro Cádiz empuñando el arma desde el asiento del acompañante, y no su primo Fernández, que estaba del lado del conductor.
Más allá de esto, la fiscal Andrades y el juez Iturralde también enviaron a juicio a otros siete imputados, aunque todos por delitos menores, por lo que están sin prisión preventiva y llegarán libres al debate.
Las hermanas María Rosa Cádiz Vargas (47) y María Argentina Cádiz Vargas (51), madre y tía respectivamente de Navarro Cádiz, junto a Juan Jesús Fernández Cano (20), hijo de Fernández, quedaron procesados por "tenencia de arma de guerra".
A ellos se los acusa de haber retirado el arma homicida que había quedado tirada dentro del auto Vento de Fernández, en el garaje de Bartolomé Mitre 1444, y trasladarla hasta la casa de Navarro Cádiz donde se secuestró.
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También quedaron procesados por "tenencia ilegal de armas" halladas en los allanamientos en sus casas, la esposa y el padre del presunto tirador, Rocío Michel Montoya (21) y Miguel Navarro Fernández (56), respectivamente, y Luis Cano (65), allegado a los imputados.El noveno acusado que irá a juicio por "tenencia y suministro ilegal de armas de fuego" es Luis Felipe Quevedo (49), un vendedor de antigüedades de la ciudad de Tandil que fue la persona que le vendió a Navarro Cádiz la pistola.
