La jornada de protesta en defensa de los jubilados, sindicatos e hinchas de fútbol se vio opacada por una feroz represión y un episodio que dejó más preguntas que respuestas: la captura en vivo de un agente de la Policía Federal Argentina dejando caer su arma reglamentaria en plena Plaza de los Dos Congresos y alejándola con una poco sutil patada. Las imágenes, transmitidas por la señal de noticias C5N, exponen un hecho gravísimo que refuerza las sospechas de infiltración policial y del uso de pruebas plantadas para justificar la violencia ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Mientras la tensión crece por las denuncias de presencia de efectivos camuflados entre los manifestantes, la grabación del arma en el suelo y la maniobra del agente generaron indignación. El hecho, que se suma a la aparición de una moto policial "abandonada" y posteriormente incendiada, así como a la destrucción de un patrullero en circunstancias extrañas, plantea la hipótesis de un montaje deliberado por parte de las fuerzas de seguridad.
La represión desatada dejó un saldo de 21 heridos y 150 detenidos, entre ellos el fotorreportero Pablo Grillo, quien sufrió una grave herida en la cabeza por el impacto directo de un cartucho de gas lacrimógeno disparado por la Policía Federal. Grillo se encuentra en estado crítico, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lejos de condenar el accionar de las fuerzas, optó por descalificar a la víctima. "Es un militante kirchnerista y está preso", afirmó Bullrich en una entrevista con LN+, desvirtuando la realidad: Grillo no estaba detenido, sino hospitalizado en grave estado tras documentar la represión.
El operativo policial no distinguió edades ni roles. Una jubilada de 87 años fue brutalmente golpeada y cayó desmayada en la vereda, mientras que varios periodistas denunciaron agresiones por parte de efectivos. "Vi que Pablo se cubría con unas maderas, como si fueran vallas. Luego lo vimos caer con un agujero en la frente", relató el fotógrafo Juan Manuel Foglia. La imagen de una anciana ensangrentada en el suelo y el testimonio de colegas de Grillo confirman el accionar indiscriminado de la policía.
Pese a la evidencia, la ministra Bullrich justificó la represión argumentando que "los manifestantes vinieron preparados para matar" y afirmó que "se secuestraron armas de fuego y miguelitos". Pero la filmación del agente dejando caer su arma genera serias dudas sobre la veracidad de estas declaraciones. La hipótesis de un intento de plantar pruebas cobra fuerza en un contexto donde la criminalización de la protesta es política de Estado.
Organismos de derechos humanos, como el CELS y la CTA Autónoma, denunciaron la detención ilegal de manifestantes y la brutalidad policial. "Hay un niño y una niña alcanzados por gases. Hay un fotógrafo en estado crítico. Hay una jubilada golpeada. Esto es terrorismo de Estado", señaló el CELS en un comunicado. Lejos de dar explicaciones, Bullrich anunció la implementación de una "ley antibarras" para prohibir la participación de hinchas en movilizaciones, reforzando su estrategia de asociar la protesta social con la violencia delictiva. Con un fotógrafo al borde de la muerte, jubilados golpeados y pruebas plantadas por la propia policía, la Argentina asiste a una escalada represiva preocupante. La historia demostrará si este gobierno decidió proteger a los ciudadanos o eliminarlos de la ecuación por cualquier medio posible..