25 Agosto de 2023 08:34
Facundo Astudillo Castro tenía 20 años cuando fue visto por última vez el 30 de abril del 2020: salió de su casa ubicada en la ciudad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia. En el trayecto fue interceptado por la Policía debido a que había violado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y desde entonces, nada más se supo de él hasta el 15 de agosto del 2020, cuando aparecieron sus restos.
El joven de 20 años había sido detenido en el acceso a Mayor Buratovich. La policía Bonaerense lo fotografió esposado contra el patrullero, lo subieron al vehículo, y durante 107 días no se supo más nada de él. El cuerpo de Facundo fue encontrado sin vida y en estado de descomposición avanzada entre las localidades de General Daniel Cerri y Villarino Viejo.
La autopsia indicó que la muerte había sido asfixia por sumersión, y la causa que había comenzado como averiguación de paradero, fue caratulada como presunta desaparición forzada. Esto último fue avalado y apoyado por las Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Nora Cortiñas, quienes afirmaron que era un “desaparecido en democracia” y además habían pedido la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.
Lo cierto es que desde un primer momento, la madre de Facundo, Cristina Castro, sostiene de que la policía bonaerense tiene responsabilidad en la desaparición y muerte de su hijo, y hasta pidió en reiteradas oportunidades -sin éxito- la detención de cuatro efectivos que fueron quienes lo retuvieron en la ruta mientras el joven caminaba hacia Bahía Blanca.
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De hecho, en las últimas horas, la mujer denunció "un encubrimiento exitoso, que la causa por la muerte de su hijo está paralizada y volvió a sostener que existen pruebas suficientes para imputar a los cuatro efectivos apuntados. "No tener detenidos e imputados a esta altura parece una tomada de pelo de la Justicia. Vemos que, en otras causas, con muchísimo menos pruebas, hubo personas detenidas o imputadas", expresó Castro durante un encuentro con periodistas.Desde las oficinas de la organización Amnistía Internacional, ubicadas en el barrio porteño de Colegiales, Castro, sus abogados particulares, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la letrada Margarita Jarque, de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), organismo que se presentó como querellante institucional en la causa., coincidieron que a lo largo de los tres años que lleva la investigación "existen elementos contundentes" para imputar a los policías.
Se trata de Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca. Además, catalogaron la muerte del joven como una "deuda social sin resolver". "No queda nada por probar en virtud del complejo delito en el que estamos: la desaparición forzada. Hay 107 días de bache en los cuales logramos probar el día efectivo del asesinato y el vehículo utilizado para descartar el cuerpo", explicaron los abogados.
De acuerdo a los letrados, "la causa está absolutamente paralizada". Si la fiscalía no avanza, nosotros vamos a continuar las imputaciones desde la querella. Queremos que esto quede expuesto y que, a pesar de todas las pruebas, es una decisión del Estado abandonar la causa", destacó Luciano Peretto. En ese sentido, señaló que "debería haber más que cuatro imputados" al sostener que "hubo un entramado complejo de acciones" que causaron la muerte de Astudillo Castro, a la vez que apuntó a funcionarios judiciales, periodistas y políticos por "construir de un halo de impunidad" sobre el hecho.
Ante la mirada de los presentes, el abogado se preguntó si "¿El Estado va a mirar para el costado y no va a imputar a quienes sobradamente está probado que tienen responsabilidad en el hecho?" y aclaró que a lo largo del proceso, la jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, quien fue apartada de la investigación por "la parcialidad demostrada en su actuación" "actuó como si fuese la abogada de los policías". En la misma línea, Leandro Aparicio opinó que "hasta el momento el encubrimiento de la policía ha sido exitoso", manifestó no tener dudas que "la desaparición de Facundo fue llevada a cabo por la policía de la provincia de Buenos Aires".
A su vez, defendió el accionar del adiestrador de perros aportado por la familia de la víctima Marcos Herrero, cuyos canes marcaron el Puesto de Vigilancia de Teniente Origone y un patrullero Toyota Ethios, en el que se encontraron un objeto esférico en forma de sandía y un colgante de piedra turmalina, que pertenecerían a Facundo y que fueron reconocidos por sus familiares y allegados. "Los perritos no se compran. Les importa un carajo si son del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Ellos te olfatean y si tenés que ver, tenés que ver. Ellos dicen que miente porque fue a un lugar donde ya habían ido otros perros de la policía que no habían encontrado nada y él si encontró", dijo el representante legal.
Recordemos que Herrero fue condenado por la justicia mendocina por presunta manipulación de evidencia falsa en el caso de Viviana Luna, una mujer que desapareció en la localidad de Potrerillos en 2016. En tercer lugar, Margarita Jarque, abogada de la CPM, denunció una serie de hostigamientos realizados por la policía de Villarino a testigos claves en la causa, ligó las demoras en el proceso penal a las actuaciones de la jueza Marrone y del primer fiscal federal que tuvo a su cargo la causa, Santiago Ulpiano Martínez, y aseguró que "hay muchas condiciones para avanzar en una imputación" de los cuatro policías.
De esta manera, Jarque sostuvo que "nuestra intervención en la causa tiene que ver con nuestro rol de mecanismo de prevención a la tortura visibilizar y ponderar aquellas conductas que tienen las agencias policiales y en la Justicia. Trabajamos con muchas víctimas y su dolor no se repara nunca. Pero un poco ese sufrimiento se detiene con la verdad y la justicia".
Por su parte, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, remarcó que existe "ciertos colectivos y perfiles" que las fuerzas de seguridad buscan en los casos de violencia institucional e instó a reflexionar sobre los dispositivos policiales y judiciales en el marco del cuadragésimo aniversario del restablecimiento democrático en Argentina.
Sobre el caso, García Rey destacó que "hay una transversalidad del racismo y de la discriminación que atraviesa la intervención de las fuerzas de seguridad en este tipo de casos". Finalmente, Cristina Castro afirmó que su hijo "fue marcado" por los agentes policiales "por la forma de vestirse, de la rapeada y por llevar una gorra con visera".
Según la angustiada mujer, en Pedro Luro - de donde era oriundo Facundo Astudillo Castro- se divide el pueblo por la vía: "Los de atrás de la vía somos negros; para el otro lado, cambia la clase social. Pese al paso de tiempo, ese estigma no lo ha podido borrar nadie. Los chicos de atrás de la vía son perseguidos. Es como que los negritos no importan"
Por último, Castro exigió "Justicia" por su hijo y se refirió a otros hechos de violencia policial ocurridos durante el último mes. "Veía cómo la policía reprimía y asfixiaba a Facundo Molares, me asfixiaba con él mirando la tele en vivo. Yo creo que no hace falta más policías en la calle, hay que educar a los que tenés. Están mal preparados, mal formateados, creo que pasa por ahí. Justo todo eso pasó en agosto, que es un mes que me duele y me atraviesa mucho. Ayer Facu hubiese y cumplido 26 años. Siempre lo recordaré con una sonrisa", cerró Cristina con lágrimas en sus ojos.
