08 Febrero de 2022 18:20
El 15 de febrero de 2018 cayó jueves. Minutos después de las 12:30, la docente Vanesa Soledad Castillo salió de la escuela Victoriano Montes, en Alto Verde, luego de preparar la vuelta a clases. Ese día fue interceptada en la puerta de la institución educativa a la que viajaba todos los días desde Santa Rosa de Calchines por Juan Ramón "Chacho” Cano, un vecino de la zona conocido por causar "problemas".
Con la excusa de querer venderle unos calzados tipo crocs, se acercó a la mujer de 33 años, quien rechazó la propuesta y subió a su moto. Casi en simultaneo, Cano subió tras ella y le pidió que lo lleve; asustada, Vanesa puso en marcha la moto e intentó que el hombre se bajara. En ese momento,"Chacho” sacó un hierro y comenzó a agredir a Vanesa: en la espalda, en la nuca y hasta el casco terminó dañado.
La mujer se desvaneció casi al instante, chocó contra un montículo de arena y falleció minutos después. El agresor, por su parte, huyó y fue detenido horas después por la policía. En septiembre de 2020 “Chacho” Cano fue condenado a prisión perpetua en el marco de un juicio oral y público, y la resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones; el fallo, sin embargo, cobró firmeza recién en febrero del año pasado.
En su sentencia, a Cano se le ordenaba asumir las costas del juicio y de la apelación, pero a casi cuatro años del femicidio, el condenado fue declarado como "insolvente" y se le ordenó a la querella -la familia de Castillo- asumir las costas del juicio y de la apelación: un total de 450.000 pesos. “Hoy somos víctimas de la encerrona de un sistema judicial que parece hecho para revictimizarnos”, expresó Silvia, la hermana de Vanesa, a través de Facebook.
La ley de honorarios profesionales prevé que se puede requerir el pago a la querella, independientemente de lo que diga la sentencia. “Tan perverso es el Sistema de Acceso a la Justicia, que hoy mí madre y yo nos encontramos en la situación de tener que afrontar las costas del juicio. Hoy somos víctimas de la encerrona de un sistema judicial que parece hecho para revictimizarnos, para quebrarnos de cualquier manera. El crimen de Vanesa no alcanza justicia y nos somete constantemente a injusticias. Por ende los abogados nos notificaron de la regulación de honorarios, que claramente tienen derecho a cobrar por el trabajo realizado. Pero nosotros no tenemos por qué ni cómo pagarlo”, reclamó la hermana de la docente.
Por esta razón, la familia inició una campaña para juntar el altísimo monto que le exige la Justicia. “Hemos aprendido que buscar justicia es un camino de injusticias avalado por la letra de la Ley. El Estado que garantiza la representación legal de la defensa del imputado, y deja solos a las familias de las víctimas. Necesitamos una mano para afrontar esta deuda que deduciendo lo que que fue abonado con la colaboración de Amsafé Provincial en 2018, resulta la suma de 45 JUS en $404.425 más aportes, lo que hace un total de $457.000, por eso hacemos una campaña para recaudar el dinero necesario para cubrir este reclamo”, explicó.
Y concluyó: “Queremos sensibilizar a la ciudadanía, a las autoridades, gobernantes y legisladores que tienen el poder de cambiar esta situación, las familias de las víctimas necesitamos la representación legal otorgada por el Estado, tal como le es garantizado al imputado de cualquier delito o crimen. El feminicidio de la Seño Vanesa Castillo es un hecho tan, tan injusto que no deja de drenar injusticias. Quiero que mi hermana Vanesa descanse en paz, quiero sobrevivir a estas situaciones tan injustas y poder acompañar a mí sobrina a sobrellevar el dolor que la atraviesa”.
Si bien Cano fue sentenciado por el crimen de Castillo, sus familiares sostienen que el ataque a la maestra fue un crimen por encargo, a raíz de una situación de abuso sexual que padeció una alumna de la mujer, y por el compromiso que Castillo tuvo en la búsqueda de justicia para su alumna. El propio imputado expresó en la audiencia preliminar haber cobrado 50 mil pesos para matar a la docente.
