Peligro en las calles
10 Febrero de 2025 09:06
La fuga de seis detenidos de la Alcaidía 6A de Caballito se convirtió en un verdadero escándalo que destapó una serie de irregularidades y sospechas sobre la complicidad del personal policial. Lo que en un principio parecía una simple evasión, con el correr de las horas tomó un tinte mucho más oscuro. "Esto no es una fuga, hasta que se compruebe lo contrario", declaró con contundencia el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, desde la sede de Chacarita de la Policía de la Ciudad.
El episodio ocurrió el domingo, día de visitas en la dependencia de la avenida Díaz Vélez al 5100. Seis presos golpearon y maniataron a dos policías y escaparon con el teléfono de uno de ellos. Cuatro lograron huir en un taxi con rumbo a Lanús. La imaginaria de la seccional consiguió recapturar a dos, y por su accionar será premiada por sus superiores. Sin embargo, la sombra de la connivencia sobrevuela el caso. "Cuando hay negligencia o complicidad, no es fuga, porque alguien les permite salir", sostuvo Wolff, insinuando que parte del personal pudo haber facilitado la evasión. Las cámaras de seguridad fueron claves para reconstruir la huida.
Se observó a los cuatro prófugos, entre los cuales se encuentra un barrabrava de Atlanta acusado de homicidio, cruzar el Puente Alsina a bordo del taxi. El conductor del vehículo ya fue identificado y se encuentra a disposición de la justicia. "El taxista está identificado y está a disposición del fiscal. Dio sus explicaciones y habrá que chequear su coartada", detalló el ministro de Seguridad porteño. Las sospechas de connivencia se sustentan en varios puntos llamativos: una de las oficiales que debía custodiar se ausentó para amamantar a su hijo, los detenidos estaban en zapatillas cuando suelen usar ojotas y el candado del área estaba abierto.
A su vez, el taxi aguardó media hora en la zona antes de recoger a los fugitivos. "Nada de esto fue azaroso", deslizaron fuentes de la investigación. Los prófugos son Eduardo Miguel Ajalla Cabrera, un barrabrava de Atlanta acusado de asesinar a un financista en Almagro; Axel Eduardo Ríos, con una causa por robo; Matías Ferrari, también detenido por robo; y Adrián Emanuel Martín, investigado por un hecho delictivo en Villa Pueyrredón. Todos ellos tenían prisión preventiva y deberían haber estado en penales federales, no en una comisaría porteña.
Los recapturados son Kevin Alexander Aguilar Zalazar, de 31 años y de nacionalidad peruana, y Brian Ezequiel Benavídez, de 24 años, quien llevaba apenas un mes detenido. El escándalo no solo desató una investigación sobre el accionar policial, sino que también avivó las tensiones entre Nación y Ciudad. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, criticó duramente a Wolff en redes sociales. "Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedíquese a ser comentarista o columnista de televisión", lanzó la funcionaria. Wolff respondió pidiendo que "no chicaneen corriendo el arco" y reclamó soluciones urgentes para la crisis carcelaria.
El problema de la superpoblación en las comisarías porteñas no es nuevo. La Ciudad de Buenos Aires alberga actualmente a más de 2.200 detenidos en dependencias que no están preparadas para ello. "El año pasado tuvimos un 35% más de detenidos y no hay dónde ponerlos", alertó Wolff. A pesar de que el Servicio Penitenciario Federal traslada unos 90 presos por semana, la situación sigue siendo crítica. Mientras las autoridades porteñas y nacionales intercambian acusaciones, la búsqueda de los cuatro prófugos continúa en territorio bonaerense. La Ciudad solicitó colaboración a la Policía de la Provincia para dar con los evadidos.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad porteño inició un sumario interno para determinar la responsabilidad del personal involucrado. El caso de la fuga en Caballito se convirtió en un nuevo capítulo de la crisis de seguridad y gestión penitenciaria que enfrenta el país. Más allá de la captura de los evadidos, la trama de connivencia y negligencia policial promete seguir generando repercusiones políticas y judiciales.
