La causa por el asesinato de Lucas González, el joven de 17 años que murió como consecuencia de un nuevo caso de gatillo fácil, tomó un giro hoy cuando el juez a cargo de la instrucción decidió procesar con prisión preventiva a los seis efectivos de la policía de la Ciudad que se encuentran investigados.
En su resolución, a la que tuvo acceso este medio, el juez Martín del Viso procesó con prisión preventiva a los comisarios Juan Romero y Fabián Alberto Du Santos, al subcomisario Roberto Inca, al inspector Héctor Cuevas y a las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña por los delitos de "falsedad ideológica y encubrimiento agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones".
Además, el magistrado les dictó a los seis policías un embargo sobre sus bienes por un millón de pesos. La decisión la tomó hoy después del pedido de procesamiento que había realizado el fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, después de la ampliación de las indagatorias el viernes. En su escrito, tal y como publicó BigBang, el funcionario judicial había solicitado además que se agregue el delito de tortura debido a que consideró que Lucas fue quemado con un cigarrillo "mientras agonizaba" en el auto en el que se movilizaba, al tiempo que sus amigos, también menores de edad, permanecieron "esposados, tirados en la cinta asfáltica en calidad de detenidos" y fueron sometidos a "actos de torturas".
Esto quedo plasmado en la resolución del magistrado que señalo que los policías de la Ciudad "en un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvo", en referencia a los tres adolescentes que se encontraban con Lucas al momento del hecho. Todavía el magistrado tiene que decidir sobre otro de los pedidos del fiscal, que apunta a las detenciones de otros ocho policías de la Ciudad por el encubrimiento del hecho.
Unas de las primeras personas vinculadas a la causa que se hizo eco después del fallo fue el abogado de la familia de Lucas y de los amigos de él, Gregorio Dalbón, quien en declaraciones a la agencia de noticias Télam consideró que se trata de una resolución "histórica, sin antecedentes de este tipo" y aseguró que "desde el advenimiento de la democracia" no veía una crimen con "tanta saña".
El crimen de Lucas fue cometido cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando el adolescente y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo.
Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Comuna 4, sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar. De acuerdo a las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
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Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital "El Cruce" de Florencio Varela.