El asesinato de Aralí Vivas, la nena de 8 años encontrada calcinada en su casa en Brinkmann, Córdoba, sigue dando qué hablar. Mientras la Justicia apuntan contra la madre de la pequeña, Rocío Milagros Rauch, de 28 años, su padrastro, Matías Ezequiel Simeone, de 33 años, y a un amigo de este, Cristian Hernán Varela, de 40, por el crimen, la titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Julia Reartes, brindó detalles sobre la actuación del organismo en el caso de Aralí, sobre todo luego de que trascendiera que hace pocas semanas los hermanos de la menor fueron restituidos a su familia pese a los antecedentes problemáticos.
Reartes aseguró que hay una "profunda conmoción" y que desde un comienzo "se pusieron a disposición de la Justicia". La polémica decisión del Senaf se remonta a que en agosto de este año los hermanos de Aralí fueron revinculados a su mamá y su padrastro a pesar de los problemas de adicciones y maltratos. El fiscal Oscar Grieco fue quien detalló que a principios de julio de 2024 el organismo le comunicó al juzgado de familia que Rauch y Simeone estaban "aptos" para la revinculación tras someterse a diversos tratamientos. "Los menores no estaban bien cuidados, eran maltratados", describió en conferencia de prensa el fiscal.
Y agregó: "Gente extraña merodeaba la casa, consumían drogas, y los niños andaban solos por todos lados. Vecinos dijeron que se escuchaban gritos". Ante lo anunciado, la titular confirmó la medida autorizada y que ahora, tras el crimen, se abrió una investigación interna para establecer si fue correcta o no la actuación de los empleados. "No puedo contestar si estuvo bien o no. Sería muy imprudente de mi parte, sobre todo porque hay una fiscalía investigando y no queremos entorpecer", expresó en diálogo con El DoceTv, al ser consultada por el aberrante crimen que tiene conmocionados a los vecinos de Brinkmann.
La autopsia realizada a Aralí confirmó que presentaba signos de abuso, y el fiscal Gieco informó que durante la detención, uno de los acusados declaró espontáneamente que "era costumbre abusar de esa niña". Aunque no se especificó quién hizo esta afirmación, la declaración fue escuchada por tres policías. Para el fiscal, el asesinato pudo haber sido realizado para encubrir estos abusos, por lo que evalúa agravar la acusación a homicidio criminis causa, una figura que implica matar para ocultar otro delito y que conlleva una pena de prisión perpetua.
Según las investigaciones, la muerte de Aralí ocurrió alrededor de la medianoche del viernes 1° de noviembre, 14 horas antes de que la policía encontrara su cuerpo en la casa incendiada. Durante ese tiempo, dos menores de edad, hermanos de Aralí, convivieron con su cadáver. Uno de ellos incluso intentó despertarla, creyendo que estaba dormida, lo que refleja la desprotección en la que se encontraban. La fiscalía sostiene que el incendio se inició posteriormente, para intentar ocultar el crimen.
Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos de los acusados en la noche del viernes. La secuencia muestra a Varela llegando en bicicleta a la casa de Simeone, y luego a este último regresando a su hogar a las 3:27 del sábado. Más tarde, Simeone fue visto llevando a los otros dos menores a una plazoleta cercana, antes de regresar a la vivienda, momento en que comenzó el incendio. Los bomberos fueron alertados a las 13:54 y encontraron el cuerpo de Aralí, cuya autopsia reveló un traumatismo craneal, razón por la cual los investigadores terminaron descartando la muerte por inhalación de humo.
Simeone, quien ya tenía antecedentes por violencia de género, negó estar en la casa en el momento del incendio, pero la fiscalía cuestiona su versión. Además, se sospecha que Rauch, la madre de Aralí, podría haber estado ausente durante varios días y en una situación de consumo de drogas, lo que agrava su situación legal. Esto fue clave para que la fiscalía ordenara su detención, acusándola de complicidad en el homicidio por haber dejado a la menor sin supervisión.
Este trágico caso provocó una fuerte reacción en la comunidad de Brinkmann. Vecinos organizaron una manifestación en el departamento de San Justo, exigiendo justicia para Aralí y criticando a la Unidad de Desarrollo Regional (UDER) de San Francisco. Los manifestantes acusaron a esta institución de no haber intervenido a tiempo para proteger a la niña ya sus hermanos, pese a los indicios de un entorno riesgoso.
La falta de supervisión familiar y la ausencia de representantes municipales en el caso generaron indignación en la comunidad, que responsabiliza a las autoridades por la desatención institucional y exige respuestas y justicia para Aralí, víctima de un contexto de violencia y negligencia.