Luego de que allanaran y clausuraran el geriátrico Apart Incas, que debió ser evacuado luego de que se detectaran 19 casos de coronavirus, se confirmó que una de las pacientes que residían en ese lugar ubicado en barrio porteño de Belgrano falleció por la enfermedad.
Así lo confirmaron con mucha tristeza los familiares de otros residentes del geriátrico. Se trata de una mujer de nombre Angélica González, de 89 años, que fue una de las primeras en ser derivadas desde la Residencia Apart Incas hacia la clínica La Esperanza, en Caballito.
La mujer se encontraba internada desde el último viernes en muy grave estado tras haberse contagiado de COVID-19.
El geriátrico del barrio porteño de Belgrano debió ser evacuado luego de que se detectaran 19 casos de coronavirus.
El mismo fue allanado durante la noche del miércoles para retirar historias clínicas y registros de ingresos y egresos al establecimiento, en el marco de la investigación de contagios masivos de COVID-19 entre los adultos mayores que estaban alojados.
El allanamiento durante varias horas fue realizado por miembros del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y unos 20 agentes de la Policía de la Ciudad, por una orden emitida por la jueza Lorena Tula Del Moral, quien hizo lugar al pedido del fiscal Maximiliano Vence.
El fiscal Vence intenta determinar cómo y cuándo se produjo el primer contagio de coronavirus dentro del establecimiento que albergaba a adultos mayores, y si las autoridades del mismo aplicaron los protocolos correspondientes para evitar la propagación del virus.
En esa línea, el fiscal intenta determinar si se pudo haber producido un caso de “abandono de personas”. El abogado que representa a familias de los ancianos que residían en el geriátrico, Ignacio Trimarco aseguró que "no fue un rumor que había un caso positivo de Covid 19”.
Cabe recordar que todo se originó cuando uno de sus empleados había dado positivo en el análisis de coronavirus. En solo cuatro días, los casos ascendieron a 19. “El hecho estaba confirmado y citar a las familias para que vengan a retirar a sus parientes es un acto doloso", sostuvo Trimarco.
Indicó además que "la institución estaba vacía desde el viernes pasado" y el hecho de culpar al gobierno de la Ciudad por no haber actuado a tiempo "es rebatible porque se trata de ancianos, muchos de ellos con discapacidad, y ellos tenían otros medios para evacuarlos".
En este aspecto apuntó que en el allanamiento “no se llamaron a testigos terceros civiles y eso puede ser algo que complique el proceso en el futuro" y consideró que la fiscalía "se apresuró a realizar este procedimiento ya que podía ´ dejar una consigna policial, recabar esos testigos y adoptar todas las medidas de desinfección correspondientes".
Hasta el momento, no se descarta que la acusación alcance también a autoridades del gobierno de la Ciudad, si es que se determina que desde Apart Incas se notificó la situación al gobierno porteño desde un comienzo y aun así se produjeron demoras en la activación de los protocolos correspondientes.