Big Bang! News
Más

Imputaron por abuso sexual con acceso carnal al "jefe" de Once, pero sigue en libertad

Con esta imputación, de ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el sospechoso podría recibir una pena de entre seis y 15 años de cárcel.

28 Enero de 2021 12:30
Es04ENkUwAQdT7B
Es04ENkUwAQdT7B

La Justicia agravó el procesamiento del comerciante Irineo Humberto Garzón Martínez, acusado de haber abusado sexualmente de una joven venezolana tras una entrevista laboral en su local de la zona de Once. La decisión fue tomada por la jueza Karina Mariana Zucconi, a cargo del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 15, quien le permitió continuar en libertad a pesar del pedido de detención de parte de la fiscal y del abogado de la víctima.

En un primer momento, Garzón Martínez había sido imputado del delito de abuso sexual simple. Sin embargo, la magistrada lo procesó anoche por un delito más grave: ahora es acusado por "abuso sexual agravado con acceso carnal". Según la resolución, la jueza dispuso que permanezca en libertad aunque estará "condicionada a que cumpla con las reglas impuestas al momento de concederle la excarcelación".

Entre ellas, por ejemplo, figura la prohibición de tomar contacto por todos los medios con la víctima. También, de acuerdo a la decisión de la jueza Zucconi, el acusado no puede salir del país y se le embargaron sus bienes en 90 mil pesos. Esta mañana, el abogado que representa a la joven venezolana y a su familia, Pablo Baqué, volvió a cuestionar la decisión de la magistrada y volvió a pedir la detención del comerciante.

El letrado consideró que es necesario que este hombre sea detenido "por la gravedad del caso y porque pueden existir otras víctimas que aún no se animaron a denunciarlo". De hecho, la fiscal nacional en lo Criminal y Correccional 41, Silvana Russi, ya se había opuesto a excarcelar al imputado y apeló ayer el fallo de la magistrada por considerar que existe "peligro de fuga" y de "entorpecimiento de la investigación".

Durante una entrevista con radio La Red, el abogado de la víctima  sostuvo que "los estudios demostraron que existen lesiones compatibles con el acceso carnal, no nos queda duda que eso ocurrió" y agregó: "Hay que preguntarle a la jueza los motivos por los que llegó a la decisión de liberarlo. Entiendo que no tenia todos los elementos para decidir de otra manera, pero creo que no se midió lo que estaba pasando realmente".

Según Baqué, "es urgente que se revoque la excarcelación del imputado pero hay que ver si lo encuentran". De hecho, el letrado reveló que  durante la investigación, el comerciante dio como domicilio "la casa de su hermana, en la calle Tandil, en Mataderos, pero luego se presentó a declarar la hermana ante la Justicia y dijo que él no vivía con ella, sino que vivía en el local".

Al mismo tiempo, el abogado sostiene que el comerciante "tampoco está en el local, por eso sospechamos que no lo van a poder encontrar". El aberrante hecho se registró el pasado sábado cerca de las 14, cuando la denunciante fue citada para realizar una entrevista laboral que había coordinado días antes por la red social Facebook.

La joven denunció que el acusado le pidió cenar el viernes para así "poder hablar sobre el trabajo", propuesta que fue rechazada por la joven, quien finalmente arregló presentarse el sábado por la mañana en el mencionado local de la calle Paso. Durante la jornada de trabajo, el acusado le ofreció varias veces "un vaso de gaseosa o de jugo" que finalmente aceptó cerca del mediodía.

De acuerdo con su relato, tras beber un vaso de agua comenzó a sentirse mareada y pudo enviarle un mensaje a su hermana explicándole la situación y acusando a Garzón Martínez de haberla "drogado". "Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada", le escribió la joven en el mensaje que le envió a través de WhatsApp y agregó la dirección en dónde se encontraba.

Cuando la policía ingresó al local, encontró a la joven en el fondo del comercio y el acusado estaba vistiéndola y poniéndole los pantalones. Con esta imputación, de ser encontrado culpable en un juicio oral y público, el sospechoso podría recibir una pena de entre seis y 15 años de cárcel.
10