En un fallo que suscitó fuertes críticas, el Tribunal Oral Penal N°1 del departamento de Eldorado, en Misiones, condenó a 20 años de prisión a María Ovando, una mujer acusada de "haber permitido o no haber impedido el abuso sexual" de una de sus hijas y una de sus nietas, ambas menores de edad. 

De manera casi ilógica, los autores materiales del abuso recibieron penas menores: a Marcos Iván Laurindo se le impusieron 18 años de cárcel, mientras que Lucas Ferreyra fue sentenciado a 12.

El fiscal Federico Rodríguez había solicitado una condena de 22 años para Ovando, de 16 para Laurindo y 18 para Ferreyra, mientras que la defensa, a cargo de Roxana Rivas, Eduardo Paredes y José Luis Fuentes, pedía la absolución. 

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En ese sentido, Rivas denunció "hostigamiento judicial" contra Ovando. "Al principio María tenía miedo de participar, pero después fue clara y dijo: 'quiero hablar y que el fiscal me explique por qué me odia tanto'".

De hecho, la defensa, con el apoyo del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, había solicitado la recusación del fiscal por hostigar y estigmatizar a la acusada. 

Ovando ya había sido juzgada en el 2011, acusada de abandono de persona por el fallecimiento de su hija de tres años, Carolina, hecho por el que fue absuelta.

A su turno, ella demandó al Estado, al fiscal y al juez por daños y perjuicios. Ahora, sus abogados aseguran que esta condena nace de una persecución judicial a causa de esa decisión. 

De acuerdo a la defensa, los hechos por los cuales se condenó a los imputados sucedieron cuando las víctimas no estaban al cuidado Ovando, ya que en 2015 se les había quitado la guarda de las dos niñas en una decisión judicial plagada de irregularidades. 

Organizaciones de derechos humanos y feministas sostienen que María es víctima de un fallo de la justicia patriarcal  sin perspectiva de género.

En ese sentido, en una petición publicada en Change.org, señalaron que "construyeron una acusación que pretenden sostener con el testimonio de las niñas en una Cámara Gesell donde claramente se las revictimizó y se las manipuló en la búsqueda de incriminar a María”.

La intervención del Parlasur

A principios de octubre, mientras tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó por unanimidad un proyecto de declaración sobre el caso, en el cual instó a la justicia misionera a que dicte fallos con enfoque de género y “que cese la persecución y hostigamiento judicial", sobre Ovando. Además, pidió la intervención de la Corte Internacional de Derechos Humanos. 

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La iniciativa, que se tratará en plenario antes de fin de año, tuvo el acompañamiento de los parlamentarios de Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay.