12 Abril de 2021 12:33
María del Valle González López tenía 23 años, era la presidenta de la Juventud Radical del municipio de La Paz y actualmente su nombre recorre las redes sociales debido a que falleció luego de haber solicitado la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) el domingo en un hospital público. Por estas horas, la Justicia busca determinar si se trató de un caso de muerte por "mala praxis".
Según trascendió, la dirigente radical había concurrido el miércoles 7 de abril al hospital Arturo Illia, el único de su pueblo, para solicitar un procedimiento de interrupción legal de su embarazo. Cabe recordar que en diciembre del año pasado, después de una maratónica jornada, el Senado votó y se pronunció a favor de la media sanción elevada desde Diputados por la legalización del aborto legal, seguro y gratuito.
El proyecto de Ley del IVE se impuso por una diferencia de nueve votos: 38 a favor, 29 en contra y una sola abstención. Se debatió junto con la iniciativa para acompañar los primeros meses de los niños -conocida como el Plan de los 1.000 Días- y cerró el año parlamentario del Senado con una sesión que comenzó durante la tarde del martes y concluyó esta madrugada. Ambos proyectos ya habían obtenido la media sanción de Diputados y se convirtieron en ley.
En tanto, el Plan de los 1.000 Días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
En el hospital Arturo Illia, a María del Valle le recetaron una medicación -se presume que misoprostol- y el viernes comenzó a sentirse mal. Fue derivada al principal centro de salud de la Zona Este de Mendoza, el hospital Perrupato, el sábado, donde le detectaron una infección general que finalmente le provocó la muerte el último domingo.
A raíz de este lamentable hecho, el fiscal a cargo de la investigación, Mariano Carbajal, mandó a secuestrar la historia clínica de la joven y pidió una necropsia para conocer los detalles de su muerte. Si bien la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía de Santa Rosa, por su complejidad pasará este lunes a la Fiscalía de San Martín. "Al principio no querían entregarnos la historia clínica de la paciente, pero luego de muchas insistencia, accedieron", contó una fuente del caso.
En diálogo con el Mendoza Post, remarcaron que buscarán determinar si la pastilla que consumió María del Valle "no tiene alguna contraindicación o si la chica tenía alguna otra enfermedad de base que sea incompatible con ese medicamento". "Se había criado en el campo y estaba estudiando. El año pasado fue electa presidenta de la Juventud Radical de La Paz. También fue reina distrital por Desaguadero", agregó el ex intendente paceño, Sergio Pinto.
Según explicó, la joven "recién estaba empezando en el mundo de la política" y no había ocupado ningún cargo público. La joven de 23 años estaba de novia y estudiaba licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Su nombre recorrió las redes sociales y su caso fue aprovechado por los grupos "a favor de las dos vidas" para alertar sobre las consecuencias de estas prácticas.
El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica. El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad para prestar su consentimiento. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse.
El debate por la legalización del aborto había sido impulsado por organizaciones de mujeres, feministas y personas LGBTIQ+ años atrás, lo que que derivó en la creación la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Antes de la aprobación del Senado, en el país regía una ley que tenía casi 100 años de vida y detallaba los casos en los que no se debía penar la interrupción del embarazo.
Sin ir más lejos, el Código Penal, en el artículo 86, establecía que la interrupción del embarazo era legal "cuando corría peligro la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo fue fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente". La misma había sido redactada en 1921, pero no fue hasta 2003 que un grupo de mujeres volvió a pedir por la legalización del aborto.En aquella oportunidad se había realizado una asamblea en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) número 17 en Rosario, lo que luego mutó en una marcha pidiendo la legalización del aborto y pensando estrategias de incidencia. Allí fue cuando surgió la idea de representar esta lucha con el característico pañuelo verde que actualmente identifica a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Dos años más tarde, el 28 de mayo de 2005, se lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que juntó firmas que fueron entregadas en el Congreso de la Nación en paralelo a una gran marcha con presencia de personas de todo el país con la consigna "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", que se mantuvo hasta el día de hoy.
En 2006, la campaña formuló su primer proyecto de ley, pero no fue hasta 2007 que se presentó de manera simbólica, por primera vez, un proyecto de ley para legalizar el aborto que no logró, claro está, estado parlamentario. El 17 de mayo de aquel año falleció Ana María Acevedo, una joven santafecina con un embarazo temprano y a quien le detectaron un cáncer de maxilar. El tratamiento oncológico era incompatible con la continuidad de su embarazo.
Por esta razón, la mujer pidió que le practicaran un aborto para salvar su vida. Los médicos del hospital Iturraspe de Santa Fe se negaron y Ana María murió. Es una de las mujeres que, con su muerte, dejó en evidencia la necesidad de legalizar la práctica. En 2008 se presentó formalmente el proyecto y obtuvo estado parlamentario con la primera firma de la diputada socialista, mandato cumplido, Silvia Augsburger.
A partir de allí, cada dos años (tiempo en se agota la posibilidad de tratamiento en el recinto del Congreso), la Campaña presentó su proyecto. En 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino por no haber garantizado, en 2006, el acceso a un aborto a L.M.R, una joven con discapacidad embarazada producto de una violación.
A pesar de contar con un fallo del Tribunal Superior de provincia de Buenos Aires, la práctica no pudo llevarse a cabo en un hospital público y, gracias a la movilización de las organizaciones de mujeres y feministas, se logró realizar en el sistema privado. El Comité consideró que la obstrucción del aborto permitido por el Código Penal constituyó una violación de los derechos humanos de la joven y ordenó al país a proporcionarle "medidas de reparación que incluyan una indemnización adecuada" y a "tomar medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro.
