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Jujuy: le impidieron acceder a un aborto legal a una nena de 12 años abusada y embarazada de gemelos

La nena que fue sometida a una microcesárea aún cuando la niña había solicitado la interrupción del embarazo. 

02 Diciembre de 2020 16:29
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Mientras que el Congreso debate el proyecto de legalización del aborto con referentes a favor y en contra del proyecto de ley de interrupción del embarazo, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy denunció que una nena de 12 años fue obligada a parir a gemelos que fueron fruto de una violación. La niña había solicitado acceder a un aborto legal, tal como prevé el Código Penal para casos de abuso sexual o riesgo de vida para la madre.

Según la organización feminista, la pequeña niña “debió cursar un embarazo gemelar producto de una violación y se le realizó una microcesárea con previa maduración fetal”, a pesar de que la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) está prevista desde 1921 en el Código Penal para este tipo de casos.

La nena, oriunda de la ciudad de Monterrico, en el departamento El Carmen, a 37 kilómetros de la capital jujeña, fue sometida a una operación el domingo pasado en el Hospital Materno Infantil “Héctor Quintana”, luego de “una maduración fetal de los fetos”,  indicaron desde la organización.

El colectivo feminista, además, señaló que la niña en situación de violencia se encuentra actualmente “bajo responsabilidad de la Defensoría de Menores por la situación judicial de sus progenitores y por no contar con una red social que la acompañe”.

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A través de un comunicado publicado en las redes sociales, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Jujuy pronunció su repudio y preocupación frente a esta situación de salud y remarcó: “Prepararon a la niña a una maternidad forzada, no solo por la cesárea sino porque fue la cesárea previa a la maduración fetal”. A su vez, señalaron que "hay equipos de efectores que podrían haber garantizado la Interrupción Legal del Embarazo”.

Al mismo tiempo, manifestaron que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual se contactaron con las autoridades provinciales y ofrecieron alternativas, aunque las autoridades provinciales “eligieron seguir con la dilación”. “El Ministerio de Salud provincial repitió una vez más las mismas estrategias de dilación, obstaculización y vulneración en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE)", manifestaron.

En ese sentido, desde el organismo compararon este nuevo caso con lo ocurrido con una nena de San Pedro, también de 12 años, en enero de 2019, a quien se le realizó la misma práctica, tras haber sido violada por un vecino de 60 años. En aquella oportunidad, tanto su madre como la propia niña solicitaron la ILE, que le fue denegada debido a lo avanzado del proceso de gestación.

Ante aquel recordado caso y el actual, desde el colectivo señalaron que las autoridades jujeñas mantuvieron como estrategia "ganar tiempo", con el objetivo de “obtener la viabilidad fetal, a pesar de que la provincia tiene un protocolo específico realizado conjuntamente con Unicef en el que se establece el derecho a la ILE para los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años”.

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A pesar de que desde la Dirección Nacional de Salud Sexual realizaron el ofrecimiento para resolver de forma inmediata la situación, preservando la salud física y emocional de la niña, "las autoridades a cargo de la cartera de Salud local, desestimaron la propuesta y decidieron no garantizarle a esta niña su derecho a la ILE”.

Por otra parte, rechazaron que la “filtración de información” en estos casos, “además de violentar a la niña por obligarla a maternar, viola el secreto profesional, el derecho a la confidencialidad”, entre otros. “Es el Estado quien viene vulnerando a la niña porque está absolutamente sola, debido a que no existe un adulto responsable en el caso, es una situación extrema”, concluyeron.

El caso ocurrió mientras la Cámara de Diputados debate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que de ser aprobado por el Congreso permitirá a las personas gestantes abortar de manera libre y gratuita sin consecuencias penales y en un lapso máximo de diez días desde que se solicite la intervención.

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