Mientras el juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, resuelve el pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa de los rugbiers, la estrategia de los diez imputados por el homicidio de Fernando Báez Sosa cambió en las últimas horas. Qué declaró ante el juez uno de los investigados, por qué se desplegó un operativo para evitar el contacto con la gente y cuáles son las pruebas que buscan desacreditar.

El 22 de enero, Hugo Tomei, uno de los dos abogados que representan a los imputados, presentó un escrito en el que solicitó anular las rondas de reconocimiento que tuvieron lugar en Villa Gesell y de la que participaron todos los testigos que declararon en la causa. ¿El motivo? De acuerdo al letrado, la cobertura del homicidio por parte de los medios de comunicación "condiciona" a todo aquel que declare.

"La opinión pública dictó ya su veredicto, sin posibilidad de defensa. El caso trata sobre un acontecimiento de repercusión pública nacional. Los medios masivos de comunicación gestionan, aún hoy, la problemática jurídica y la conducta de todos mis defendidos promoviendo una vergonzosa e inimaginable condena social", sostuvo Tomei.

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Los reconocimientos fueron una de las pruebas más contundentes en las que la fiscal, Verónica Zamboni, se basó para solicitar la prisión preventiva de ocho de los diez imputados, así como requerir la libertad de Juan Pablo Guarino y Alejo Milanesi por "falta de pruebas". Cabe destacar que ninguno de los dos fue reconocido por los testigos. 

"A los testigos citados les será difícil escapar en el momento de ejercer la verdad en la individualización del sujeto exhibido. El condicionamiento en ellos de manera consciente o inconsciente es absoluto y el margen de libertad requerido para decidir fue directamente anulado", sumó Tomei. Hasta ahora, la medida no fue impugnada, aunque se accedió a todos los requerimientos de la defensa de los imputados para participar de la audiencia.

Las exigencias que pusieron los rugbiers para la audiencia con el juez de Garantías

La audiencia fue a puertas cerradas y se impidió el ingreso de los medios. Se desplegó un operativo de seguridad para evitar que los vecinos o la prensa pudiera acercarse a la camioneta en la que fueron trasladados. El vehículo ingresó al edificio del juzgado de Garantías y los imputados se bajaron sólo cuando ya no estaban expuestos a las cámaras. Pese a todas las medidas que se tomaron, los rugbiers escucharon los insultos del grupo de vecinos que se apostó en la puerta del juzgado: "¡Asesinos, hijos de puta!".La presión mediática volvió a ser el eje de la defensa de los rugbiers en la audiencia que tuvo lugar este jueves ante el juez de la causa, la fiscal y los abogados que representan a la familia de Fernando. "Pidió la prisión domiciliaria de los rugbiers porque sostuvo que por la presión mediática no se pueden defender", detalló Fabián Améndola, uno de los abogados del equipo de Burlando que trabajan en el caso.

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Según Améndola, Blas Cinalli, uno de los ocho rugbiers que participaron de la audiencia, sostuvo ante el juez que son "inocentes" y sumó: "Ninguno de nosotros quiso que pasara lo que pasó". El abogado se enfrentó por primera vez a los acusados y los describió como un grupo de jóvenes "frío" e "indiferente". En tanto, la defensa de la familia de la víctima solicitó no sólo la prisión preventiva para los diez investigados, sino que además pidió que se identifique al joven "que aparece en todos los videos del crimen, pero no es ninguno de los diez imputados".

También van contra la Fiscal de la causa

Antes de que culminara la audiencia, Tomei presentó una denuncia contra Verónica Zamboni, fiscal que lleva adelante la investigación. De acuerdo al escrito presentado, la acusa de "privación ilegítima de la libertad, falsificación de instrumento público y falsedad ideológica". Además, solicitó:

La nulidad de una de las declaraciones testimoniales. Reiteró el pedido de nulidad para una de las ruedas de reconocimiento.