Los casos son muchos y se repiten seguido. La falta de perspectiva de género dentro de la Justicia es enorme y, a pesar de que estas situaciones se dan en muchas oportunidades de manera reiterada, nadie parece tomar conciencia del cambio que es necesario llevar adelante de manera urgente.
Las desigualdades quedan muy expuestas, cuando por ejemplo, una chica desaparece y su familia decide ir a radicar la denuncia para que la busquen lo antes posible. Sin embargo, los oficiales de la policía- poco capacitados o guiados por su machismo- le dicen a esos padres que seguro su hija se fue con un novio o con un chico, y que pronto va a regresar.
Eso le pasó a Mónica Cunchila, la mamá de Iara Rueda, y a pesar de lo que el policía le dijo ese 23 de septiembre de 2020 en el que fue desesperada y asustada a pedir por su hija, la menor de 16 años no regresó a su casa sana y salva, sino que apareció muerta en un descampado jujeño días después.
La falta de perspectiva de género se ve también cuando se le brinda medidas perimetrales a mujeres que fueron víctimas de violencia, sin que la Justicia haga un seguimiento de las causas y les garantice protección. Muchos son los nombres que representan este tipo de situaciones horribles. Uno de ellos es el de Paola Tacacho, quien denunció a su acosador más de 12 veces y aún así la Justicia tucumana no hizo nada para evitar que el pasado 30 de octubre el agresor la asesinara en la calle a pesar de tener restricciones de acercamiento y causas iniciadas en su contra.
Lo mismo pasa cuando en las comisarías los oficiales no aceptan tomarle las denuncias a las víctimas porque descreen de su relato, y así, las dejan volver con una enorme decepción a sus casas, donde muchas corren peligro y aparecen luego muertas.
En medio de esta grave situación social que atraviesa la Argentina, y en pos de visibilizar lo que ocurre en los ámbitos judiciales con las mujeres, BigBang dialogó con Maria Lina Carrera, la abogada especialista en Derecho Penal y autora del libro "Dicen que tuve un bebé" (una investigación en la que se cuentan 7 historias de mujeres erróneamente encarceladas).
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Consultada acerca de la situación a la que se enfrentan diariamente las mujeres cuando se acercan a la Justicia, la letrada dijo que existe una desigualdad que "es estructural y social" y que "la discriminación por género alcanza todos los ámbitos", tanto los académicos como los laborales.Sin embargo, en lo que respecta al ámbito judicial, comentó que solo basta tener acceso al Mapa de Género de la Justicia Argentina que la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora y publica todos los años, para ver que, a pesar de que se ha avanzado en muchos aspectos, "aún el acceso a cargos jerárquicos y de toma de decisión continúa estando en mano de varones".
En este sentido, admitió que es cierto que existe una mirada patriarcal sobre los expedientes en los que hay mujeres víctimas de delitos, sobre todo porque en situaciones así se indaga en el pasado de la víctima, en su modo de vivir y en sus anteriores relaciones sexo-afectivas. "En definitiva, cuestiones personales que nada tienen que ver con los expedientes en los que se encuentran involucradas", aclaró.
Carrera mencionó además que aunque es muy importante proteger a las mujeres para que no sean revictimizadas y escucharlas para ver qué tienen para declarar, lo cierto es que no siempre ellas tienen acceso a esta posibilidad.
"Hay una falta de capacitación en general, no sólo de los funcionarios judiciales, sino de las personas que trabajan en comisarías, complejos penitenciarios, fiscalías y defensa. Es una cuestión estructural. Por eso es tan importante la puesta en práctica, simbólica y material de la Ley Micaela (la cual plantea la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado). Esto es algo en lo que hacemos mucho hincapié en 'Dicen que tuve un bebé', la investigación publicada por Siglo XXI en la que junto a Gloria Orrego Hoyos y Natalia Saralegui Ferrante ponemos de relieve la falta de capacitación en general de las agencias públicas que intervienen en estos casos", indicó.
Según explicó la abogada en base a lo que ve día a día como profesional, las desigualdades respecto a las mujeres van desde el trato que reciben las víctimas, como también aquellas que son imputadas por distintos delitos. "Es una cuestión que atraviesa por completo a la Justicia y la sociedad. No sólo se indaga en su pasado, sino que cuando declaran no se les cree. Hay una presunción muy sólida de que, estén de un lado del mostrador o del otro, la culpa fue suya. Esto se ve muy claro en los casos de legítima defensa. Están acorraladas por todos lados", agregó.
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En lo relacionado a la violencia de género, Maria Lina Carrera manifestó que la situación es muy dispar de acuerdo a la jurisdicción que se analice. De hecho, explicó que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con muchísimas bocas de acceso, pero que las denuncias se encuentran dispersas y que no hay una unificación de manera que se pueda colaborar con el trámite de esas denuncias y de la asistencia a la víctima."En el interior de algunas provincias la comisaría más cercana a veces cuenta con personal que conoce o es amigo o familiar del agresor y no toma las denuncias, entonces las víctimas se ven obligadas a viajar varios kilómetros, junto a sus hijos si los tuviere, hasta otra localidad. Esto implica un gasto económico grande, además de tiempo y la posibilidad certera de poder salir de la casa, cuando sabemos que en general el momento de separación es el punto álgido de la violencia. Ni hablar si no cuentan con un lugar donde refugiarse y la localidad tampoco lo tiene. La Ley de Protección Integral a las Mujeres es una ley de orden público, pero su aplicación en las diferentes provincias es bien dispar, lo que produce una desigualdad clara entre las mujeres que se encuentren en una ciudad o en otra", dijo por último la abogada.