No hace falta hacer mucha memoria para recordar cómo se movían por los medios Leonardo Cositorto y su negocio de criptomonedas denominado Generación Zoe, con el que hicieron creer a miles que la riqueza y la pobreza eran una cuestión casi azarosa que podía ser remediada comprando su divisa virtual. Hoy, y tras más de dos años de investigaciones, la fiscal Juliana Companys de Villa María, provincia de Córdoba, solicitó que se eleve a juicio la causa en la que registró 163 estafas por las que juzgará al referente y a otros 24 imputados cómplices.
Cositorto está detenido desde hace casi dos años en la cárcel de de Bouwer, en la misma provincia en la que será juzgado. Allí llegó luego de que la Interpol lo detuviera luego de varias semanas prófugo en un exclusivo barrio privado de República Dominicana. Según la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), el monto de dinero de las estafas que realizaron asciende a los 120 millones de dólares.
El hombre que se paseaba por los medios con su milagrosa cura al malestar financiero no es el único que será juzgado. También la causa incluye a "Max" Batista, conocido por ser el "número dos" de la organización y además ser amigo personal del dueño. También se juzgará al contador Norman Próspero, conocido por ser la persona fundamental a la hora de la creación de Generación Zoe.
Otros de los procesados serán los también contadores Julieta Sciutti y Maximiliano Mitroff, quienes cayeron en agosto de 2022 y a los cuales los testimonios los vinculan como fundamentales para el Fideicomiso Ordinario de Administración Zoe Latam, que inició según AFIP el 1 de octubre de 2021 y está registrado en el emblemático local de la calle Crisólogo Larralde al 1800.
Cuando cayó Cositorto aseguró que "los pagos los hacía Echegaray", en referencia a Miguel Echegaray, uno de sus laderos, el cual se entregó a la Justicia en noviembre de 2022. Esta persona también deberá comparecer ante la Justicia para acreditar o desmentir las acusaciones en su contra.
La causa está radicada en Villa María porque allí también existió una oficina de Zoe que encabezaba el coach ontológico Claudio Álvarez su madre, Silvia Fermani, dos también procesados en la investigación. De allí son los 173 hechos de estafa por los que se pidió juzgar a este andamiaje de corrupción y estafas financieras. El resto de las causas, radicadas en otras provincias -Santa Fe, Corrientes, Salta-, deberán avanzar en paralelo.También está la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el juez Ariel Lijo a la cabeza, en la cual además se lo investiga por el posible delito de lavado de activos.
Un pendiente de la investigación es la detención del ex juez y fiscal federal Héctor Yrimia, quien tiene pedido de captura internacional. La sospecha es alrededor de que él habría logrado meterse a la organización fraudulenta que encabezaba Cositorto para diezmarlo desde adentro y quedarse con su dinero malhabido. Así fue que cuando estalló todo en noviembre de 2022, también allanaron a su padre -un ex subcomisario de la Federal de 95 años- en Villa Luro, de donde secuestraron más de 500 mil dólares.