08 Septiembre de 2021 16:24
Miranda Ruiz, la médica del hospital de Tartagal que fue detenida el viernes, acusada de haber realizado una interrupción legal del embarazo (ILE), práctica contemplada en la legislación argentina, fue denunciada en las últimas horas por la paciente, quien aseguró que la profesional la "obligó" a abortar. "Me mató a mi bebé", dice la denuncia en contra de la doctora.
Según las primeras versiones, la joven de 21 años llegó al hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, en el norte de Salta, pidiendo una interrupción legal del embarazo (ILE) "en pleno ejercicio de su autonomía". "Para solicitar la práctica, viajó más de 53 kilómetros hasta el hospital, y cursaba la semana 22 de gestación", detalló un informe firmado por diferentes organizaciones de derechos humanos.
El documento fue firmado por Amnistía Internacional Argentina, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Equipo Latinoamericano de Género y Justicia (ELA), Fundación Mujeres x Mujeres, Fundación Huésped, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), FUSA AC y Red de prestadores de aborto seguro y legal de Argentina (Redaas).
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En el centro de salud, la joven "fue atendida por un equipo interdisciplinario formado por una médica, una trabajadora social y una psicóloga. Tuvo entrevistas por separado con cada una de ellas, quienes pusieron al tanto además al director (gerente) del hospital, quien constató que se trataba de la causal salud y que estaba debidamente justificada".El Código Penal permite el aborto si el embarazo que se quiere interrumpir fue producto de una violación o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. "Este último fue el caso de la joven salteña", explicaron las organizaciones. La joven "fue acompañada a lo largo del proceso y fue atendida por profesionales que garantizaron sus derechos y la escucharon", agregaron.
La Ley 27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, dispone en su artículo 4, que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. Desde dentro del hospital "profesionales contrarios a la salud integral de las mujeres, al ver que no podían interrumpir el proceso, decidieron convocar a la familia de la joven".
Según las organizaciones, por esta razón "violaron su derecho a la confidencialidad y contravinieron su voluntad". Los familiares de la paciente "arribaron al hospital en el medio del procedimiento y ella tuvo un momento de duda, pero de inmediato decidió continuar con el procedimiento y así lo expresó". Y resaltaron que "es importante señalar que la denuncia a la médica no fue hecha por la joven, a quien no se le vulneraron sus derechos, sino por una familiar".
Sin embargo, todo cambió en las últimas horas, ya que la paciente decidió denunciar a Ruiz. Si bien admitió que ella "quería abortar", en su denuncia aclaró: "Pero cuando hablé con mi tía y mi tío, ya no quería hacerlo y más aún cuando vi a mi hija". En este sentido, resaltó que le dejó en claro a la médica "que quería continuar con el embarazo el 24 de agosto" y sumó: "Pero no me hizo caso. Me hizo abortar. Me arrepentí de hacerme el aborto y quería que mi hija esté viva".
Luego de revelar que "le iba a poner el nombre de Milagro" a la pequeña, contó que cuando le manifestó a la médica su deseo de abandonar el centro médico, la profesional la "obligó" a quedarse en observación. "Todos sabían que yo quería continuar con el embarazo, se lo dije a todas las personas que estaban ahí", dijo y pidió que "se haga justicia" por su hija.
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A través de un audio, Ruiz se preguntó hoy "quien protege a las mujeres en Salta" y denunció la existencia de "una organización mafiosa entre la justicia, el sector político, la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores, que no solo no les importa avasallar la intimidad de la paciente, sino que la han expuesto mintiendo sobre la historia clínica". "Han mentido para defender sus intereses personales y políticos", deslizó.
La médica sostuvo que la denunciante está siendo utilizada políticamente: "No solo la han expuesto, sino que ahora la están obligando a hacer una falsa denuncia". Para Ruiz, lo que tiene que entender la paciente es que "si ella hace una falsa denuncia compromete su estado de libertad, porque hay pruebas suficientes para demostrar que lo que ella dice no es cierto".
Fue entonces que pidió "un llamado a la racionalidad" y sostuvo que "la historia clínica está perfectamente escrita", tras lo que detalló que ella indicó "un tratamiento autoadministrado", que "hay testigos" y "está el consentimiento informado". "Le pido por favor a esta organización mafiosa que nos dejen trabajar, que no conocen las necesidades sanitarias del norte argentino. Que nos dejen continuar con nuestros servicios públicos y que se dediquen a otra cosa", disparó.
De acuerdo con sus dichos, le indicó a la paciente el Misoprostol, que es una pastilla que "se coloca debajo de la lengua por media hora, porque es de absorción sublingual, y luego se traga. Cada tres horas se repite el procedimiento hasta la expulsión". Asimismo, resaltó que "la cantidad de pastillas que se usan dependen de la edad gestacional de la paciente". "No soy ginecóloga, no soy cirujana", informó.
En su descargo, la médica consideró que "si estuviéramos en la Edad Media yo ya estaría muerta en la hoguera", y señaló que además de "encubrir ginecólogos abusadores de Tartagal", esta organización busca que "esta ley no se cumpla de hecho en Salta"."Y o no puedo obligar a nadie a abortar", sostuvo, y destacó que, como médica residente, no actúa sola, sino que "la institución avala el procedimiento legal, porque hemos interconsultado" y fue valorada "por un equipo interdisciplinario".
La médica fue detenida el viernes pasado, durante algunas horas, e imputada por la presunta comisión del delito de aborto, por pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta. "Soy la única médica no objetora de la zona y meterme presa implica que no se garantiza el cumplimiento de la ley de IVE en Tartagal, ni en las zonas aledañas que derivan sus pacientes", cerró.
