En las últimas horas, los abogados de Nahir Galarza solicitaron a la Justicia que la condenada a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo sea excarcelada y beneficiada con el régimen de prisión domiciliaria "bajo el cuidado de sus padres" en la ciudad de Paraná. El pedido, realizado ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, poco tiene que ver con el brote de coronavirus y su posible exposición en el penal. A continuación, la letra chica de la nueva estrategia defensiva.
Galarza fue condenada en junio del 2018 a cadena perpetua por el asesinato de Pastorizzo, aunque su condena todavía no se encuentra firme, dado que fue apelada por sus abogados defensores. Ese es el principal sustento del pedido que elevaron sus abogados, José Ostolaza y Pablo Sotelo, quienes sostienen que existe una "violación del plazo razonable de las leyes 24.390, su modificatoria Ley 25.430, artículo 18 y 75, Constitución Nacional, solicitando se le otorgue la libertad con medidas de coerción".
Las leyes y artículos citados regulan las prisiones preventivas. "El paso del tiempo que indudablemente influye en los riesgos procesales y el vencimiento de la prisión preventiva", fue uno de los alegatos del pedido. "La sentencia a prisión perpetua no se encuentra firme, ya que fue solicitada una revisión ante la Corte Suprema de la Nación. No existen riesgos procesales porque el juicio oral ya se concretó".
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Los abogados sostuvieron, además, que no existe "riesgo de fuga" y fundamentaron su posición al destacar que la reclusa cursa desde hace dos años de panera ininterrumpida la carrera de psicología en Paraná. Ofrecen al mismo tiempo que sean los padres de la condenada quienes queden "al cuidado" de la misma.
El pedido llega un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos rechazara la impugnación presentada por los abogados de Nahir, confirmando así la condena a cadena perpetua que recibió a mediados del 2018. La última instancia de revisión ya fue solicitada por los abogados y será la Corte Suprema la que confirme o impugne la sentencia judicial.
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"Si en el caso de que el Estado abandonase a la joven a su suerte ante la amenaza de morir en la Cárcel de Mujeres de Paraná por la epidemia de coronavirus y, luego, la Corte Suprema revocara el fallo de la justicia entrerriana se entraría en un enorme litigio legal por la falta de garantías constitucionales brindadas a una chica de tan solo 21 años de edad sin haber tenido un fallo firme en vida", reforzaron en su pedido.