En octubre de 2020, el secretaria de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, recibió una visita de una empleada de su cartera en su oficina en la ex ESMA. La joven de 32 años se acercó para confesarle algo terrible que le había ocurrido: durante un allanamiento en su vivienda en el barrio porteño de La Paternal, en el cual detuvieron a su madre por narcotráfico, un oficial de policía le robó dinero y la violó en medio del operativo.
El funcionario le preguntó a la víctima si quería hacer la denuncia y la acompañó a la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Ese día comenzó una pelea para demostrar lo que le había ocurrido. Una que recién terminó el último viernes, cuando el Tribunal Oral Criminal 21, de los jueces José Pérez Arias, Matías Buenaventura y Walter Candela, sentenció a 18 años de prisión al inspector Lisandro Javier Báez por tortura en concurso ideal con abuso sexual agravado, en concurso real con exacciones ilegales, y a 3 años y 9 meses a Pablo Germani, por haber sido cómplice del robo.
La pesadilla de la víctima comenzó cuando durante la mañana del 28 de agosto de 2020 un operativo de la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado de la Provincia de Buenos Aires fue a allanar a su madre, quien según reconoce la causa vendía estupefacientes para una banda de peruanos. El operativo había sido autorizado por juzgado federal de San Martín, aunque ninguna de las atrocidades que se vivieron en ese lugar lo habían sido.
La casa de la víctima era espaciosa y estaba dividida en dos. Delante vivía la madre y detrás su hija. Una vez ingresaron al lugar leyeron la orden a la mujer y le preguntaron si tenía cosas de valor para "preservar". La joven les contestó que tenía dinero, pero que éste estaba en la parte de atrás. Hacia allí la acompañaron Báez y Germani, los dos efectivos de mayor rango presentes, y fue en ese momento que comenzó el horror.
Primero comenzaron con el terror psicológico de intimidarla a través de los cargos que debía enfrentar su madre, haciendo alusión a que estaba complicada y que podía perjudicarla a ella en su trabajo y en su vida. Ninguno de los testigos del operativo estaba presente. Luego de que ella les dé el dinero -el cual nunca registraron en el procedimiento-, Germani se fue hacia la parte delantera de la casa.
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Al quedar sola con Báez, este le dijo "tu belleza te va a salvar" y comenzó a besarla. Acto seguido la trasladó a un lavadero que había un poco más atrás y la violó hasta que otro efectivo golpeó la puerta del lugar. Sólo entonces fue que se subió sus pantalones y la llevó con él hacia donde continuaba el operativo.La víctima, recién violada, quería bañarse. Los efectivos presentes se lo quisieron impedir, pero Báez los contradijo y le permitió que así lo haga. Él sabía lo que había sucedido. Al mismo tiempo el resultado del allanamiento no había cumplido con su objetivo. Si bien la madre había quedado presa, en el lugar no hallaron ni drogas ni dinero (más que el que robaron) y sólo se llevaron secuestrados un par de celulares.
A partir de la denuncia en la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) de la Procuración General, y la intervención de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y el correspondiente sumario, fue que el juez federal Sebastián Casanello intervino en la causa.
Durante el proceso judicial, los testigos del allanamiento, además de los policías que participaron y la psicóloga que atendió a la víctima en el Hospital Álvarez, coincidieron con el relato que brindó. Aunque todavía no se podía demostrar todo lo que había tenido que pasar cuando quedó sola con Báez en el lavadero de su casa.
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Finalmente fue una prueba de ADN la que pudo demostrar que el abuso había existido. En el pijama de la víctima, a la altura de la entrepierna, habían quedado restos de material genético del violador. Sin esa contundente demostración, el resultado habría sido distinto.Casanello procesó a los culpables en febrero de 2021, pero entre esa instancia y la sentencia, la causa pasó al fuero Criminal y Correccional Nacional, quienes dos años después comenzaron a juzgar el caso, con Fernando Fiszer como fiscal.
Germani no tuvo la pena de su compañero porque nunca se pudo demostrar que haya sido cómplice y encubridor del ataque sexual, aunque sí del robo.