El 5 de junio por la madrugada, luego de concurrir a El Castillo, el boliche de la ciudad bonaerense de Laprida, Daiana Soledad Abregú fue detenida por una contravención menor de “alteración del orden público” y trasladada a los calabozos de la comisaría local. Horas más tarde, estando bajo custodia estatal, la joven de 26 años apareció muerta en la celda con signos de ahorcamiento.
Según la versión de la policía, se habría suicidado con su campera de jean. Mientras tanto, la familia fue noticiada tres horas después de la muerte. Así comenzaron las sospechas.
La detuvieron por una contravención y apareció muerta en la comisaría: ¿suicidio u homicidio?
Al día siguiente, el titular de la unidad funcional de instrucción y juicio número siete de Olavarría (UFI 7), Cristian Urlezaga, ordenó la autopsia del cuerpo omitiendo cuestiones fundamentales y sin respetar los estándares mínimos establecidos por la Constitución Nacional y la normativa internacional, entre ellos, el protocolo de Minnesota.
Luego, la causa penal quedó en manos de Juan Ignacio Calonje, uno de los miembros de la Fiscalía especializada en violencia institucional del Departamento Judicial de Azul. Sin embargo, a pesar de tratarse de una muerte en un contexto de encierro por empleados estatales (la policía), el fiscal defendió la autopsia ordenada por su antecesor.
Finalmente, luego del reclamo por parte de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que interviene en la causa en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia, sumado al pedido de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos, realizado por el Doctor Gustavo Capelli (subsecretario de la Dirección General de Asesoría Pericial de La Plata), se ordenó realizar una nueva autopsia.
Mientras tanto, la causa sigue caratulada como "Averiguación Causal de Muerte".
Crónica de una re autopsia anunciada
Entre las distintas deficiencias que mostró la primera autopsia, la más importante se debió al incumplimiento del protocolo de Minnesota, un procedimiento que debe respetarse en casos de muertes bajo custodia del Estado.
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En ese marco, según la demanda de la CPM y la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la autopsia presentó las siguientes falencias: no se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si varias lesiones fueron producidas antes o después de la muerte, no se constituyó un equipo especializado de autopsiantes ni se realizaron filmaciones del examen conforme lo establecen los protocolos vigentes a nivel nacional e internacional.
En consecuencia, por orden de la Dirección General de Asesoría Pericial de La Plata, la re autopsia quedó agendada para el día miércoles 13 de julio a las 9 horas, en la Morgue Judicial de Asesoría Pericial La Plata (calle 41 y 119 de la ciudad platense).
Entre los testigos, el abogado defensor de la víctima, Sergio Roldán, acompañó a la familia en cada paso que dio el cuerpo de Daiana. “El traslado fue el miércoles a las dos de la madrugada. El cuerpo salió de Laprida acompañado por una comitiva y la Policía Federal a manera de custodia”, le contó el letrado a BigBang. Y agregó: “Nosotros estuvimos en el cementerio junto a la familia para la entrega del cadáver, que llegó a la La Plata a las 8 de la mañana y a las 10 ya estaba en la autopsia. Vamos a hacer las cosas bien. No vamos a dejar nada librado al azar. Por eso pedimos una escribana para que certifique todo el proceso".
El proceso terminó a las tres y media de la tarde, y ese mismo día el cuerpo volvió a Laprida. Según el abogado, “la velocidad con que actuó la Justicia tiene mucho que ver con el acompañamiento que tuvimos de la prensa nacional. En este caso, la prensa fue un pilar importantísimo para que se actúe con tanta rapidez”.
Otro factor importante fueron los vecinos del pueblo de Laprida, que desde el primer momento acompañaron a la familia en cada marcha que se organizó para exigir justicia.
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Con respecto a los resultados del nuevo estudio, otra fuente cercana a la Justicia adelantó que el cuerpo de Daiana “aparentemente tenía muchos moretones en la cabeza”, aunque todavía no se lo puede confirmar de manera oficial. Hay que aguardar los resultados.
Falta de recursos
Según las fuentes que pudo consultar BigBang, la autopsia anterior “está bastante tomada de los pelos”. A pesar de que los resultados ya daban varios indicios de que algo ilícito había pasado, se tuvo que rehacer por no aplicarse el mencionado protocolo de Minnesota.En ese sentido, según explicó Roldán, “la pericial de Azul, donde se realizó la primera autopsia, no cuenta con todas las herramientas para respetar el protocolo”. Y agrega: “Acá en la provincia hay tres oficinas que cuentan con lo necesario para hacerla correctamente: el departamento judicial de Lomas de Zamora, el de La Plata y el de Junín”.
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¿Qué dice el Protocolo de Minnesota?
El Protocolo de Minnesota o Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias fue elaborado en 1991 y revisado en el 2016. Es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales.El protocolo está orientado a evitar que los funcionarios del Estado que sean sospechosos de haber cometido crímenes de lesa humanidad puedan actuar o influir en la investigación. Recomienda que en estos casos se constituya una comisión investigadora independiente, con recursos y facultades suficientes, así como la posibilidad de recurrir a la ayuda de expertos internacionales en ciencias jurídicas, médicas y forenses.
El protocolo incluye también un modelo de autopsia y otro modelo de exhumación y análisis de restos óseos, para que sea seguido no solo por los profesionales que las realicen, sino también por las partes involucradas, los periodistas, la ciudadanía y todos los observadores, con el fin de aumentar la transparencia del proceso.
Números que asustan
De acuerdo a los datos aportados por la Comisión Provincial por la Memoria, en los últimos 10 años, 187 personas murieron en comisarías bonaerenses. En el 35 % de los casos se desconoce la causa de la muerte por los déficits en las investigaciones y la escasa decisión judicial de descubrir la verdad.En el 2021 se registraron 25 casos, el número más alto de la década. Por eso es indispensable una investigación exhaustiva, eficaz y adecuada de estas muertes, ocurridas bajo cuidado de agentes estatales en establecimientos públicos. Y para eso es necesario hacerlo con los medios de prueba conducentes para tal fin.