Mientras aguardan el inicio del juicio oral por el asesinato de Fernando Báez Sosa, que tendrá lugar recién el dos de enero del 2023, los rugbiers detenidos y procesados por el asesinato solicitaron ser trasladados a una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense. ¿El motivo? No están conformes con la alimentación que reciben.

La información se desprende del escrito presentado por Hugo Tomei, el abogado de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Benicelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano Pertossi y Lucas Pertossi. En el mismo, difundido por el diario Clarín, el letrado solicita "el aval para que los mismos sean trasladados a la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, ello teniendo en consideración que el Programa de Alcaidías Departamentales implementado dispone el alojamiento en dichas dependencias de aquellos ciudadanos que se encuentran en la etapa inicial de su detención".

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El abogado recordó que al momento del dictado de la prisión preventiva sus representados deberían haber sido trasladados a "alguna Unidad Penitenciaria", sin embargo continúan en la alcaidía de Melchor Romero, en La Plata; ubicada a casi 200 kilómetros de la ciudad de Zárate de la que son oriundos todos los procesados.

"Cabe destacar que la detención de los mencionados fue convertida en prisión preventiva mediante resolución del 14 de febrero del año 2020 dictada por el Titular del Juzgado de Garantías N°6 Descentralizado de Villa Gesell, quedando la causa elevada a juicio con fecha 26 de mayo de 2021", refuerza. Dato no menor: la modificación de la fecha del inicio respondió a las demoras que generó la pandemia de Covid-19.

El dolor de los padres de Fernando por la fecha del juicio: "Los asesinos tienen más privilegios"

En octubre, el Tribunal Oral Criminal N°1 de Dolores anunció que el juicio contra los ocho rugbiers detenidos y acusados de haber asesinado a golpes Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche de Villa Gesell, en enero de 2020, recién arrancará el 2 de enero de 2023, dentro poco más 14 meses y en plena feria judicial de verano, y se desarrollará a lo largo de 22 jornadas, con la participación de más de 130 testigos.

Si bien los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, que representan como particulares damnificados a los padres de Báez Sosa, como el defensor de los imputados Hugo Tomei, habían sugerido que el debate se haga a razón de dos jornadas por semana, por las actividades que los letrados tienen en otras jurisdicciones, los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari optaron por hacer el juicio en enero de 2023 para que no tengan problemas de agenda.

Esto indignó, y mucho, a todas las partes involucradas, sobre todo a los padres de la víctima. "Es mucho tiempo con todas las pruebas que tenemos, con lo que se vio. Mi hijo fue asesinado en el 2020 y tengo que esperar tres años para que esto se concrete. Espero que la fecha quedé ahí, que no se la mueva más porque necesitamos que esto se ponga serio", reclamó Silvino, el papá Fernando, en diálogo con TN.

Según detallaron, los familiares de la víctima buscaban que el debate oral fuera durante el primer semestre de 2022, tal como lo habían solicitado en la última audiencia de la que participaron. Teniendo todas las pruebas, tenés que esperar igual. Los familiares de la víctima no tienen Justicia, tenés que estar peleando todo esto con dolor en el alma. En ese sentido, los asesinos tienen más privilegios", agregó sobre los ocho acusados.

Visiblemente molesto por la decisión del Tribunal, Silvino aclaró que no tiene ningún interés en mantener ninguna conversación con los familiares de los acusados por "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas". "Si yo fuera el asesino de tu hijo, ¿te gustaría hablar conmigo?, porque yo no quiero saber nada ni quiero verlos", dijo al ser consultado sobre este tema por el canal de noticias.

Al mismo tiempo, sosteniendo una foto de su hijo y con lágrimas en sus ojos, remarcó: "No tenemos consuelo, el día a día se nos hace difícil. Hay días que no queremos seguir viviendo, esto ya no es vida para nosotros", señaló en más de una oportunidad. Y continuó: "Anoche le decía a Silvino que ya otro mes más sin Fernando. Va a ser muy fuerte para mí que no voy a poder recibir su abrazo por el Día de la Madre. Va a ser un día muy duro".

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Las jornadas se desarrollarán en la sala de audiencias multifueros del Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad bonaerense. La cantidad de testigos que declararán serán más de 130 y se fijaron 120 días para la instrucción suplementaria, que son algunas medidas de prueba pendientes y pedidas por las partes a las que accedió el TOC 1 dolorense.

Entre los planteos que los jueces rechazaron, hay un pedido de la defensa de los rugbiers para que sean citados como testigos los fiscales de instrucción Verónica Zamboni y Walter Mércuri y la defensora oficial María Verónica Olindi Huespi, a quienes el abogado Tomei quería interrogar por el modo en que se realizaron las indagatorias, algo que siempre cuestionó y que fue un motivo por el que llegó a pedir la nulidad de la causa.

En cuanto a la querella, el TOC 1 rechazó por "impertinente" un planteo de Burlando y Améndola para que el Servicio Penitenciario Bonaerense informe si los rugbiers utilizan teléfonos celulares en su lugar de detención y se informen los números de abonados para hacer un análisis de llamadas entrantes y salientes. "Estamos confiados porque tenemos el mejor abogado de Argentina. Se va a hacer justicia tarde o temprano", cerró el padre de Fernando.