Nueve mujeres ,incluyendo a monjas, directivas y a una cocinera, irán a juicio a partir del 12 de abril próximo, acusadas de abusos sexuales cometidos a niños hipoacúsicos dentro del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza.
En el primer juicio, a fines de noviembre del 2019, resultó condenado a 45 años de prisión el sacerdote Horacio Hugo Corbacho Blanck, mientras que Nicola Corradi (83) recibió una pena de 42 años y el ex jardinero Armando Gómez (49) fue sentenciado a 18 años.
Según explicó a Télam el abogado querellante Sergio Salinas, en este nuevo juicio "se ventilará la responsabilidad de la gente a cargo, las directivas, las monjas, la cocinera y la psicóloga, quienes conociendo de los abusos, sistemáticamente lo ocultaban".
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"La prueba es abrumadora porque no solo hay testimonios que establecen la veracidad de los delitos denunciados por peritos oficiales y de parte, sino también muestran el perfil psicológico de las imputadas y la prueba objetiva que son documentaciones como libros y material que utilizaban para cometer los abusos sexuales y ocultarlos", agregó.
Según Salinas, las pruebas secuestradas incluyen elementos como cadenas, pastillas anticonceptivas, ropa interior con semen y los pañales que usaban las monjas para encubrir los abusos sexuales a niños y niñas.
Para el letrado, esto "demuestra un correlato de lo que allí sucedía, sobre todo las denuncias penales que ya para el 2006, 2007 y 2008 demostraban los indicadores de hipersexualidad y comportamientos agresivos que tenían las víctimas en aquel entonces".
Los abusos en el Próvolo se dieron a conocer en 2016 de la mano de Luis Batistelli, profesor de Lengua de Señas, quien reveló en la Legislatura de Mendoza los hechos aberrantes que tuvieron lugar en la institución religiosa.
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A partir de allí, la legisladora mendocina Daniela García llevó el caso a la Justicia, alertando a la gobernación mendocina y al procurador, quien puso un fiscal a cargo de la investigación.
Construyendo el caso, se entrevistó a decenas de presuntas víctimas, se detuvo a 14 personas y se ordenó el cierre del instituto. Los testimonios recogidos echaron luz sobre más de una década de abusos contra menores.