Luego de casi sesenta días prófugo de la Justicia, el Gobierno nacional informó sobre una recompensa de 4 millones de pesos para quienes brinden datos sobre el paradero de Ezequiel Guazzora, el periodista acusado de abuso sexual contra una menor de edad. La confirmación de la decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, pero había sido firmada por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el último viernes.
"Que el nombrado Guazzora se encuentra prófugo de la Justicia y posee pedido de captura con fecha 14 de agosto de 2023, sospechado de haber abusado sexualmente con acceso carnal de una menor de 16 años de edad sin que mediara su consentimiento (en circunstancias de tiempo no precisadas, pero presumiblemente durante el primer fin de semana del mes de abril del año en curso). El hecho habría ocurrido en el interior de la vivienda anteriormente mencionada, a donde la presunta víctima habría sido conducida por su madre a cambio del pago de una suma de dinero pactada previamente", aseguraron en la Resolución 669/2023 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial.
El pedido de la División Trata de Personas de la Policía Federal Argentina (PFA) de la Superintendencia de Investigaciones Federales, lanzado el 13 de septiembre al Juzgado N° 54 de Santiago Bignone, fue fundamental para que el Gobierno dictamine la medida en el expediente que está a cargo del fiscal César Troncoso.
El prófugo venía de recibir una mala noticia durante la última semana, cuando la Sala III de la Cámara de Casación y los magistrados Pablo Jantus y Gustavo Bruzzone le negaron su pedido de exención de prisión, que había enviado al Juzgado N° 54. Allí, además, lo privaron de designar como defensor oficial al abogado penalista Adrián Albor. El argumento para tomar esa decisión que confronta con las libertades que garantiza el debido proceso se basaron en que todavía Guazzora no se puso a derecho y que, cuando lo haga, podrá contar con su nuevo letrado.
Bignone ya había actuado durante la última semana contra la madre de la menor que facilitó a su hija al periodista, para que tenga relaciones sexuales sin ningún tipo de consentimiento de la víctima. Fue por ese motivo que el juez la procesó y pidió la prisión preventiva para ella.
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Ella quedó imputada como coautora del delito, luego de que la investigación comprobara que efectivamente recibió dinero por parte del acusado, con la explícita confesión de que este era en intercambio por poder acceder de forma carnal a su hija. Ahora tanto la madre como el periodista podrán recibir una pena que va de los ocho a los 20 años de prisión.El testimonio de la menor fue fundamental para que Guazzora se encuentre camino a la cárcel. Durante sus declaraciones, las cuales fueron peritadas por psicólogos, psiquiatras y especialistas en el rubro, la joven detalló con precisión cómo era la casa donde estuvo, tanto dentro como por fuera. Inclusive llegó a decirle a la Justicia que el acusado le había regalado un buzo que fue encontrado en el domicilio del prófugo.
Por otro lado, las pericias tecnológicas respecto a los teléfonos celulares de ambos acusados, también demostraron que el encuentro existió, más allá de la confirmación que existía por Instagram en el chat de ambos.
No fue fácil el camino de la denuncia para la menor. Antes de llegar a hacerla en la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina), desde donde luego la llevarían ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Tras confesarle a una amiga de ella, la madre de esta consiguió las capturas de la conversación donde la coautora le ofrece su número de CBU para recibir el pago.