Úrsula Bahillo tenía 19 años cuando fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez. Fue hallada muerta el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía detuvo a Martínez herido.
En aquel momento, Martínez, de 26 años, había sido separado de la Policía Bonaerense ya que tenía una carpeta psiquiátrica. Ese día, le dijo que quería cerrar las diferencias que habían quedado tras la relación, la pasó a buscar en su auto, manejó hasta el campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano y la mató con un cuchillo de carnicero. La apuñaló 15 veces.
El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien avisó que creía que su sobrino había matado a una joven. El hombre le confesó al 911 que su sobrino le dijo que "se había mandado una cagada". Al llegar al lugar, la policía encontró a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto.
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Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido en la Alcaidía Penitenciaria de Junín. En diciembre del año pasado, los jueces Karina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la ciudad de Junín condenaron a Martínez a cadena perpetua por el “homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por violencia de género”.
Pero ya era tarde, sobre todo si se tiene en cuenta que Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su ex novio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen. Por esta razón, Guido Lorenzino, que ocupa el cargo de Defensor del Pueblo bonaerense, solicitó la destitución del juez Luciano Callegari que desestimó aquellas denuncias por violencia de género.
La presentación fue realizada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires en perjuicio del titular del Juzgado de Paz de la localidad de Rojas al considerar que, "por la naturaleza y gravedad institucional de los hechos denunciados, su comisión resulta incompatible con la permanencia en ejercicio de la función del magistrado en cuestión”.
El Defensor del Pueblo -en concordancia con la familia de Úrsula, la cual considera que el magistrado “tiene el 99 por ciento de la responsabilidad” de la muerte de la joven- consideró que los elementos probatorios aportados hasta el momento “habilitan el otorgamiento de la medida preventiva del artículo 29 bis de la Ley 13. 661?, legislación que establece las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios.
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Patricia Nasutti, madre de Úrsula, sostuvo que Callegari, tiene gran parte de la culpa del femicidio de su hija. ”A pesar que el asesino de mi hija ya tiene su condena, sabemos muy bien que esto fue una asociación ilícita de la Justicia. Eran un femicidio evitable y no nos ayudaron. No fuimos escuchados. Como mamá hice una denuncia y este juez me desestimó las perimetrales que pedí para quien después asesinó a mi hija", sostuvo.
Y agregó: "Él dijo que ese señor no era una persona de peligro. Después mirá el desastre que sucedió”. Sobre Callegari pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol), por considerar que “el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes" en relación a las denuncias contra el femicida de Úrsula.
En ese sentido, Nasutti explicó que "el jury está muy avanzado". Ya pasó por la Defensoría y la Bicameral. Esperemos que hagan lo que tienen que hacer. El juez no estaba suspendido durante el jury, por eso me reuní con Lorenzino hace dos semanas para que se pida el apartamiento de este hombre”, señaló Patricia, quien también había pedido la destitución del juez de Mercedes, Marcelo Romero, acusado de desestimar varias de las denuncias de Úrsula contra su ex.
”La semana que viene o la próxima esperamos que se realice el pedido de destitución de Marcelo Romero, otro de los jueces. Quiero que desde el primero hasta el último de los culpables paguen por la muerte de Úrsula. Necesito sí o sí el apartamiento de estos jueces, lo juré por las cenizas de Úrsula. Lo voy a lograr por ella. Sigo por más y por todos los responsables”, concluyó Nasutti.