por Alejo Paredes
05 Abril de 2019 19:00
A poco más de una semana del feroz tiroteo entre efectivos de la Bonaerense y la Federal en Avellaneda, la investigación sigue su curso, pero las dudas aumentan con el correr de los días: ¿Se trató de una interna política o de un caso claro de policías corruptos?
Todo ocurrió el viernes 29 de marzo a la noche, en la estación de servicio Shell que se encuentra ubicada en calle Madariaga y Acceso Sudeste, Sarandí, a un costado del Waltmart y del ingreso al centro comercial Parque Avellaneda Shopping, cuando dos agentes de la Policía Bonaerense se tirotearon con efectivos de la Policía Federal en medio de una trama por extorsión narco.
A raíz del enfrentamiento, el comisario Hernán David Martín (43), jefe del Gabinete de Drogas de la DDI de Avellaneda, murió en el lugar, mientras que dos efectivos de la Policía Federal (PFA) resultaron heridos y tuvieron que ser internados en el hospital Churruca.
A partir de ahí, cuatro policías bonaerenses quedaron detenidos, nueve fueron desafectados y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda fue allanada como resultado del tiroteo, en medio de una investigación a cargo de la fiscal de Avellaneda, María Soledad Garibaldi.
Se trata de del Comisario Inspector Aníbal Marcelo Ochoa, 2do jefe de la DDI Lanús Avellaneda; el Comisario Esteban Arana, del Gabinete Antidrogas; el Oficial Principal Raúl Elías Hernández, jefe de Operaciones; y el Teniente 1ro. Claudio Saldivia, del gabinete Antidrogas, quienes fueron detenidos por personal de la Auditoría de Asuntos Internos.
Mientras tanto, por decisión de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, el jefe de la DDI, comisario mayor José Hernández; y todo el gabinete de narcotráfico de esa dependencia quedaron desafectados de sus funciones.
A partir de lo sucedido esa noche, el titular de ese organismo, Guillermo Berra; la fiscal Garibaldi y personal de Gendarmería Nacional comenzaron a investigar lo que ocurría en la DDI, haciendo allanamientos y decomisando computadoras, teléfonos, legajos y otras documentaciones.
Pero es aquí dónde surge la primera pregunta: ¿por qué la mujer que denunció la “extorsión” de los oficiales de la bonaerense no quedó detenida? Cabe mencionar que se trata de una mujer embarazada, dominicana, acusada de narco y supuestamente extorsionada por los efectivos de la bonaerense a cambio de protección y la libertad para vender estupefacientes.
La mujer hizo la denuncia en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 Descentralizada de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Soledad Garibaldi, la cual dispuso la intervención de la División Antidrogas Urbanas de la Policía Federal, que a su vez montó un operativo en el lugar pactado para hacer el pago.
Según la denuncia de la mujer, a la que pudo acceder BigBang, el comisario de la DDI Lanús-Avellaneda, Hernán David Martín, y el capitán Eduardo Ángel Franicevih, la habían extorsionado; pactaron reunirse en el Waltmart de Sarandí y le reclamaron a la joven la suma de $200 mil a cambio de no iniciarle una causa por venta de estupefacientes.
Además, la mujer relató que estuvo 50 minutos esposada en un auto perteneciente a la fuerza y luego fueron hasta su casa y le pidieron 30.000 pesos a su marido, también de origen dominicano. La mujer pactó con los extorsionadores que tenía que entregar los 170.000 pesos restantes en la estación de servicio situada sobre el Acceso Sudeste y Madariaga.
Entonces llama la atención, al menos, que la mujer siga en libertad a sabiendas que su “profesión” se basa en vender drogas en la calle. BigBang intentó comunicarse con la fiscal Garibaldi en reiteradas oportunidades, pero el teléfono tan solo sonó y sonó, sin ninguna respuesta.
Fuentes cercanas a la Policía Bonaerense le aseguraron a BigBang que se trató de una “cama” que involucra a más de 20 efectivos, en la que también estaría implicada un fiscal. “Uno se quiso quedar con el vuelto del otro y se pudrió todo. Hay fiscales, comisarios, inspectores, todos en la misma bolsa”, le avisó a este portal un allegado cercano a los oficiales detenidos.
Pero de este proceso surge otra duda, vinculada al enfrentamiento entre la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, disgustada después de enterarse que la AFI de su propio gobierno la investigaba, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la cual aspira a una posible fórmula presidencial junto a Mauricio Macri.
En simples palabras, el jefe de la Federal que dirigió el ataque contra el comisario Hernán David Martín y el capitán Eduardo Ángel Franicevih es un subordinado de Bullrich. A esto, hay que sumarle que la orden la dio Garibaldi, a espaldas de la gobernadora bonaerense. ¿La fiscal desconfía del manejo de la seguridad de Vidal y de su ministro, Cristian Ritondo?
La respuesta sería un rotundo sí, si se tiene en cuenta el blindaje que manejó la fiscal a espaldas de la gobernadora para desbaratar la “mafia narco” de la DDI Lanús-Avellaneda. Mientras tanto, el diario La Nación sostiene que Vidal se muestra molesta o, mejor dicho, resentida por la forma de actuar de Bullrich y del jefe de la PFA, Néstor Roncaglia. “Sienten que sobreactuaron”, señalan.
En medio de un año electoral, con la posibilidad de ambas de aspirar a manejar la Nación -días atrás Macri sostuvo que Vidal “es tan buena que la queremos poner en todos lados, pero ella tiene que ser candidata a gobernadora"- en La Plata sostienen que Bullrich utilizó el tiroteo en Avellaneda para enaltecer su imagen. Como una suerte de trampolín para su campaña.
Por esta razón, explican, salió a condenar el manejo de las fuerzas bonaerenses. "Esto es por lo que viene luchando el gobierno desde el primer día de su gestión. La Federal fue convocada por una fiscal, y no sabía que esos extorsionadores eran policías; además, tenían la estricta orden de no comunicar la situación; es decir, que no tuvimos una comunicación previa", sostuvo la ministra.
Esta falta de comunicación es la que molesta a los dirigentes bonaerenses. A pesar de que la propia ministra de seguridad de la Nación afirmó que apenas se enteró “le avisé inmediatamente a (el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian) Ritondo". Cabe destacar que al momento del tiroteo, Bullrich compartía mesa con Macri y en el retiro del Gabinete en Chapadmalal.
Mientras tanto, la investigación sobre el hecho que ocurrió hace una semana sigue, con una afirmación que preocupa: “¡Hay otras DDI de la provincia de Buenos Aires corruptas como las de Avellaneda!”.
