01 Septiembre de 2020 16:26
El comandante Ariel Gastón Vázquez, de 44 años, y el subcomisario Maximiliano Firma Paz, de 43, fallecieron el pasado 2 de junio, durante las tareas para apagar el fuego en una perfumería de de la firma Pigmento ubicada en Villa Crespo, sobre la avenida Corrientes a metros de Scalabrini Ortiz.
Por aquel entonces, primero hubo una explosión, luego las llamas y a los pocos minutos, cuando ya había un fuerte despliegue de médicos y rescatistas, ocurrió una segunda y más fuerte explosión que sacudió a todo el barrio y provocó, además de los dos fallecimientos, heridas graves en siete bomberos y un policía.
Seis de los heridos debieron ser trasladados a los hospitales Fernández, Durand, Churruca, Zubizarreta y el Instituto del Quemado. Cuando los Bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaban los peritajes en el local de la firma Pigmento situado en la planta baja de un edificio de 14 pisos, dos nuevas explosiones -que no alcanzaron el nivel de violencia de las dos anteriores- volvieron a sorprenderos.
Por suerte, estas nuevas detonaciones no provocaron heridos. A casi tres meses de la tragedia, la titular de la Fiscalía PCyF N° 1, Verónica Andrade, a cargo de la investigación del incendio, imputó a 9 personas con diferentes grados de responsabilidad, entre las cuales se encuentran cinco empleados de la firma Argencobra S.A., tercerizada de la empresa eléctrica Edesur.
A estos cinco empleados se los acusa por haber actuado de manera negligente cuando en diciembre de 2019 realizaron un cambio de cables y un empalme precario y antireglamentario, cuya condición inestable produjo un recalentamiento y posterior cortocircuito que derivó en el incendio del local. A su vez, se comprobó que el cableado estaba "fuera de su canalización correspondiente" desde su reparación hasta el día del incendio.También se encuentra imputado el gerente del local "por no haber dispuesto que personal idóneo de la empresa verifique el trabajo realizado por Argencobra S.A"., y además "por haber acopiado en el depósito, ubicado en el subsuelo del local, grandes cantidades de mercadería, muchas de ellas inflamables, infringiendo así la reglamentación y la normativa local".
En este contexto, y teniendo en cuenta su calidad de gerente, incumplió el deber de velar por la seguridad del local y el personal a su cargo, teniendo incidencia directa en los hechos acontecidos. Por otra parte, la fiscal imputó a tres funcionarios que estuvieron a cargo de la Gerencia de Programación de la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad.Según la investigación, cada uno de ellos omitió el correspondiente control y fiscalización del local de la Avenida Corrientes, que fue habilitado en el mes de mayo del año 2017, sin haber sido inspeccionado en ninguna oportunidad desde esa fecha. Esta omisión determinó que el local haya infringido las normas de seguridad relacionadas con el tendido eléctrico y el acopio irregular de mercadería
En los próximos días se asignarán las fechas de declaraciones indagatorias de los imputados y como así también las de las nuevas pericias y restitución del inmueble. El fuego se había iniciado en el primer subsuelo, y fue atacado con una línea de agua con el fin de sofocarlo.Los profesionales advirtieron luego dos nuevas explosiones que, habían detallado, fueron propias de los materiales que se encontraban en el lugar y que provocaron que haya un reinicio del foco en un sector reducido. Personal de la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad realizaron trabajos de control de la estructura del edificio y determinaron que el mismo no corría riesgo de demolición.
