Los presos alojados en las cárceles de buena parte del país están inquietos por la posible aprobación de una ley, impulsada por el massimo, que impone una serie de reglas antes de que se disponga la libertad de un recluso y restringe el acceso a la libertad condicional.
La iniciativa que modifica la ley de ejecución penal tendrá vigencia en la cárceles del Servicio Penitenciario Federal, en caso de aprobarse. El proyecto prevé que los jueces deberán cumplir un protócolo para liberar a los imputados cuando se encuentre en peligro la víctima del delito.
El proyecto fue cuestionado por la Procuración General Penitenciaria, ya que "propone aumentar la prisión preventiva y elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados, pues impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida".
El organismo agregó que con la nueva ley se llevará "al cumplimiento íntegro de las condenas para los condenados por la mayoría de los delitos que actualmente son alojados en las cárceles federales, incluyendo los penados por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala".
El proyecto fue aprobado a fines de noviembre por 118 contra 63 y 7 abstenciones y establece que para que el juez otorgue la libertad deberá tener informes psicológicos, del servicio penitenciario y haber escuchado a la víctima.
La iniciativa debe ser votada ahora por la Cámara de Senadores, algo que podría llevarse adelante la semana próximo, pero todo está supeditado a lo que ocurra con el proyecto del impuesto a las ganancias.
El proyecto con media sanción también incluye que el juez deberá evaluar, previo a otorgar la libertad, el historial criminal completo, los informes médicos y psicológicos actualizados, y la opinión de la víctimas entre otros elementos determinantes.
El proyecto contempla además la creación de un registro nacional donde cada juez, en tiempo real, deberá ingresar y actualizar las detenciones, las libertades, las rebeldías, las fugas y las capturas. Esto le permitirá al Poder Judicial saber cuántas personas están realmente presas y cuántas son buscadas por las autoridades.
Todos los pasos
Antes de resolver la libertad de un recluso, el juez estará obligado a cumplir con los siguentes pasos:
1. Deberá requerir el historial completo del imputado, que debe contener, entre otros datos relevantes, el informe del Registro Nacional de Reincidencia.
2. El historial con las evaluaciones psicológica, médica y psiquiátrica si correspondiere.
3. El historial de violencia de género, contra la mujer y familiar en el fuero de Familia y/o cualquier otro fuero donde lo tuviere.
4. La opinión del fiscal interviniente y de la parte querellante.
5. La opinión del Servicio Penitenciario a través de los organismos pertinentes.
6. La información y opinión aportada por la víctima o las asociaciones de víctimas que la representen y que hayan ejercido su derecho a ser oídas.
7. El informe de campo completo, en especial, visita al domicilio propuesto para residencia, al grupo familiar o contenedor, y al posible empleador si lo hubiere.
8. Los datos emergentes del Registro Nacional de Medidas de Coerción.
9. Reunidos los elementos anteriores el juez debe realizar una audiencia de contacto y evaluación con el imputado antes de resolver su libertad.